Un Amparo para el rescate al Derecho a la Participación Política
Se podría considerar como histórica la iniciativa de un destacado grupo de venezolanos, encabezados por la Dra. Adriana Vigilanza García, y entre los cuales tuve el honor de ser invitado a participar, de presentar un Recurso de Amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, considerado por la gran mayoría de los venezolanos como el TSJ verdaderamente legítimo, para el rescate de nuestro derecho a la participación política y al voto, solicitando, como consecuencia, entre otras importantes peticiones, la nulidad del Memorándum de Entendimiento entre el régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros y la llamada “Plataforma Unitaria”, firmado el 15 de agosto de 2021.
A algunos les podrá parecer tardía la iniciativa, pero no por eso deja de ser absolutamente justa y necesaria. A otros les parecerá inútil, ya que por su condición de exiliados, los Magistrados que se constituyeron en Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, están incapacitados para hacer valer en la práctica sus decisiones, al existir en Venezuela un régimen desconocedor del Estado de Derecho, y que ha impuesto su propio y complaciente TSJ para avalar sus desafueros.
Para aquellos que todavía duden de la legitimidad del mencionado TSJ en el exilio, a pesar de los ataques realizados por los enemigos de la libertad para su desaparición, les invito a leer la opinión jurídica del Dr. José Vicente Haro, experto constitucionalista venezolano y profesor de la Especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, en su artículo “¿Es legítimo y constitucional el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio?”.
Pero lo que a todos debería parecernos absolutamente congruente, es la verdad, explicada con rigurosa meticulosidad en ese documento de Amparo, que el Recurso comprueba fehacientemente y con hechos, no solo la ilegitimidad para representarnos del régimen de Nicolás Maduro Moros, sino la de la oposición oficial complaciente y traidora al sentir de los venezolanos, que no podían bajo ningún respecto firmar nada en representación de nadie, y menos una negociación de consecuencias nefastas para nosotros, amparados en una supuesta representación que de ninguna manera poseen.
Las implicaciones de una decisión a favor de lo solicitado en ese Amparo “en protección de derechos constitucionales, e intereses colectivos y difusos de todos los venezolanos”, son de una importancia incalculable y trascendental para los venezolanos dentro y fuera del país, en esta larga lucha que se libra en contra del régimen, y en especial para los países de la Comunidad Internacional que han avalado las negociaciones en Ciudad de México, al punto de que aunque el régimen y su oposición la ignoren –como efecto sabemos qué pasará- no así la podrán desechar los más de 60 países que no reconocieron al régimen de Nicolás Maduro Moros como legítimo, dándole vida al Gobierno Encargado de Juan Guaidó Márquez en el año 2019.
De ese documento se desprenden tres pretensiones fundamentales: a) la nulidad de cualquier negociación que se lleve a cabo sin el respaldo legitimo de los venezolanos como consecuencia del atropello a nuestro derecho a la participación política; b) la designación por parte del TSJ en el exilio de una autoridad electoral ad-hoc fuera del país que lleve a cabo las acciones necesarias para que existan verdaderos representantes legítimos para los venezolanos, que sean contrapartes válidas frente a la Comunidad Internacional; y c) iniciar un proceso que lleve a los venezolanos a comenzar a tener desde el exterior una estrategia clara para poner fin al régimen de Nicolás Maduro Moros.
A partir de una esperada decisión positiva que tome el TSJ en el exilio, deberán comenzar a moverse los engranajes fuera del país para darles voz a los más de 7 millones de venezolanos obligados a sobrevivir fuera de las fronteras de nuestro país, y los que todavía quedamos en Venezuela, a causa de una horrenda tiranía que aflige al pueblo venezolano, a los fines de lograr esa representación legítima frente a la Comunidad Internacional.
Lo importante de esto es el reconocimiento que han dado organismos internacionales como la OEA a la constitución del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, con Magistrados legítimamente designados en el año 2017, para el logro del reconocimiento a sus decisiones por parte de los países de esa organización, a favor del pueblo venezolano. Eso nos será de ninguna manera fácil y es una cruzada que deberá emprenderse, una vez teniendo una decisión positiva a ese Recurso.
De la misma manera, en Venezuela, se reforzará nuestra lucha a favor del no reconocimiento a otro proceso electoral en el país, no solo porque el régimen aún usurpa el poder y nunca existirán unas elecciones auténticas bajo esas condiciones, sino por el hecho de haberse comprobado, esta vez desde un Tribunal, la inexistencia de un Consejo Nacional Electoral-CNE legítimo en el país, razón por la cual estamos solicitando en ese Recurso de Amparo, que se designe un ente electoral ad-hoc, que ofrezca “confianza a los venezolanos”, y “… asuma la competencia reglamentaria para la organización de las elecciones o consultas pertinentes a los venezolanos, sin la interferencia y/o la mediatización de los actuales factores en pugna política, pues eso fue, precisamente, lo que el Constituyente quiso evitar al establecer el derecho a la participación política…”, tal cual reza la Nota de Prensa que anuncia al mundo este nuevo intento en la larga cruzada por cambiar las cosas en nuestro país.
Es fundamental que los gobiernos de los países de la Comunidad Internacional terminen de comprender, a través de la valiosa comprobación que se desprende de este valioso Recurso, que no existen las condiciones para ningún proceso electoral válido en Venezuela, mientras continúe en el poder el régimen de Nicolás Maduro Moros, y que definitivamente se estudien alternativas distintas fuera de Venezuela que puedan arbitrar el voto de los venezolanos a través de mecanismos inéditos, que sean plenamente reconocidos por esa Comunidad Internacional.
Este Recurso no es más que una iniciativa adicional de la sociedad civil venezolana en la búsqueda incansable de fórmulas inéditas y creativas que nos lleven a una salida pacífica, constitucional y electoral a la grave crisis que consume a los venezolanos, y que hemos tenido la necesidad de realizarlas desde nuestro ámbito porque ya el país perdió la confianza en la dirigencia política, que ha demostrado haber pactado su supervivencia con el régimen, en detrimento de la población. Soy optimista en relación con los resultados de este nuevo intento, pero más convencido estoy de nuestra resiliencia como pueblo si los resultados no son los esperados. No nos cansaremos nunca de seguir intentándolo…
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