Los derechos humanos en Venezuela
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre los Derechos Humanos en Venezuela, en su sede de Ginebra, ha emitido su tercer informe señalando directamente a los responsables de las detenciones arbitrarias, tratos crueles y humillantes, torturas y desapariciones forzosas (delitos de Lesa Humanidad), en la cadena de mando, comenzando por el propio Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Padrino López, y continuando con personajes, como Diosdado Cabello y la red de subalternos hasta llegar a quienes directamente se ocupan de perseguir, hostigar, torturar y asesinar a los opositores venezolanos. Todos ellos actúan como una ‘maquinaria’ para aniquilar toda disidencia en Venezuela.
La oficina de la Misión ha emitido su informe centrado en señalar que en Venezuela existe una ‘cadena de mando’ que ha orquestado un plan para hostigar y silenciar la disidencia. Además, señala los gravísimos actos de asesinatos contra miembros de las comunidades indígenas, al sur del país (Arco Minero), en el estado Bolívar, por la extracción y comercialización del oro y otros minerales preciosos y estratégicos.
En su lectura, la presidente de la Comisión, Marta Valiñas, indica: “El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los DDHH.”
Si es doloroso leer este documento, más terrible es el silencio que arropa, como un inmenso trapo rojo, la información que apenas se difunde a los venezolanos por algunos medios de comunicación. La censura impuesta por el régimen impide que esta información pueda llegar al común de la sociedad. El acceso a la información en Venezuela, hoy, solo es posible para quienes nos mantenemos investigando sobre estos y otros temas, llegando a las fuentes ciertas y veraces de la información. El día a día del venezolano se centra en sobrevivir: buscar alimentos, agua potable, gas doméstico, o esperar que regrese la electricidad.
En el documento se denuncia, además, la existencia de al menos 17 centros de detención en Caracas y su zona metropolitana, donde se mantienen prisioneros, tanto mujeres como hombres, civiles y militares, sometidos a períodos prolongados de tratos crueles e inhumanos, torturas, violencia sexual, entre otras humillaciones y vejaciones.
Nada ha cambiado en Venezuela. Por el contrario, y como hemos estado afirmando en escritos anteriores, es imposible esperar de delincuentes que pertenecen a carteles del crimen organizado internacional (sea de las drogas, oro de sangre, trata de seres humanos, terrorismo o hampa común), que cumplan acuerdos, bien de respeto a los derechos humanos o en mesas de negociaciones políticas. Esto porque tienen por principio el uso de la mentira y el engaño como ‘política de Estado’, como estrategia para ganar tiempo y alargar, por cansancio con sus opositores, su permanencia en el poder. Tenemos que ser claros en ello: con pillos no es posible lograr acuerdos en beneficio de la sociedad. A los pillos y ladrones se les señala, acorrala y somete a la justicia para que cumplan condena por sus fechorías.
La tragedia de la sociedad venezolana no es tanto política o económica. Es, básicamente, de sobrevivencia de su población. Cerca de 7 millones de desplazados ya son una amenaza para la seguridad e integridad de algunos países que les han dado cobijo. Y esta avalancha va en ascenso.
Detener la humillación y maltrato contra la población venezolana, denunciar el abuso y violación de los derechos humanos a su liderazgo opositor y disidencia, por parte del régimen de Nicolás Maduro y sus pandilleros, es una prioridad que permitiría avanzar a un real y verdadero proceso de elecciones libres, justas y creíbles.
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