Instructivo Onapre violenta 6 disposiciones constitucionales: Acceso a la Justicia
La ONG Acceso a la Justicia explicó este martes que el instructivo Onapre que se ha convertido en un dolor de cabeza para los trabajadores de la administración pública, violenta media docena de disposiciones constitucionales: reduce el salario integral del trabajador entre 40 y 70%.
Maduro prometió una vez más en mayo que recuperará el salario, pero ha hecho todo lo contrario. Miles de empleados y trabajadores del sector público tienen varios meses exigiendo que sea derogado el instructivo Onapre, sin respuesta.
El Instructivo para el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas, desaplica los contratos colectivos vigentes y pretende imponer un tabulador de beneficios que reduce el salario integral de los trabajadores entre 40 y 70%, subrayó un reporte de Acceso a la Justicia, pero además, «violenta al menos media docena de disposiciones constitucionales».
Efectos del instructivo:
– En el caso de los profesores, empleados y obreros universitarios, el texto en cuestión obvia la tabla salarial prevista en la IV Convención Colectiva, que, entre algunas escalas, establecía diferencias de hasta 70% y fijó, sin ningún tipo de discusión previa, una interescala lineal de 7%.
– Modificó unilateralmente la manera de calcular los beneficios, como las bonificaciones por antigüedad y las primas de especialización o profesionalización, por uniformes y por hijos.
– Según la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) los cambios han implicado que los trabajadores de distintos organismos de la administración pública vean reducidos sensiblemente sus ingresos. Por ejemplo, los docentes ya no recibirán un pago equivalente al 30% de su salario por tener una licenciatura, sino de 25%; quienes tenían maestrías ya no ganarán una asignación mensual equivalente a 50% de su sueldo, sino de 35%; y aquellos con doctorados pasaron de percibir 60% de bonificación a 40%.
«El texto vulnera disposiciones constitucionales como el derecho al trabajo, el principio de progresividad de los derechos humanos, la reserva legal, la suficiencia del salario y la libertad sindical, entre otros», condenan desde Acceso a la Justicia.
– El recorte que el instructivo aplicó a las bonificaciones de los funcionarios públicos está fuera de la constitución, en la cual en el numeral 1 de su artículo 89 señala claramente que «Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales».
En este sentido, la ONG aclaró que la Onapre no está facultada en ningún caso para decidir temas como las remuneraciones del personal de la administración pública; porque esto es potestad de los departamentos de personal y recursos humanos de los distintos organismos.
Los embates de la Onapre se suman a la incapacidad del salario mínimo para cubrir la canasta básica que en mayo se ubicó en482 dólares, por lo que se necesitarían 16 salarios mínimos para cubrirla.
Solo en julio se registraron 143 manifestaciones contra la decisión de la Onapre, según reportaron el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela y el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin). En lo que va del año se han contabilizado 15% más acciones de calle que en 2021.
Las movilizaciones hasta ahora han servido para que las autoridades den algunos pasos atrás. Por ejemplo, la ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena, anunció en días pasados que los trabajadores de la educación recibirían la totalidad de los 105 días del bono vacacional previstos en el contrato colectivo. Asimismo, el pasado 12 de agosto Maduro destituyó al jefe de la Onapre, Marco Polo Cotenza.
