El cambio fundamental

Cuando insistimos tercamente que hay que cambiar el sistema institucional del país erróneamente creemos que la gente nos entiende. Cualquier cosa que implique la palabra “cambio” encontrará la resistencia natural de las personas.

La famosa definición de la locura einsteniana que dice que insistir en hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, es en definitiva un círculo vicioso que jamás termina en nuestro país. Es por eso que los mismos actores políticos nos insisten en aplicar sus mismas fórmulas (electorales) a la grave crisis que nos aqueja, esperando lograr resultados distintos con esta pila de delincuentes, consiguiendo una y otra vez los mismos resultados fracasados.

De allí que sea necesario ir un poco más allá, explicando la razón de los cambios que hay que aplicar en Venezuela, con la esperanza de poder convencer a los venezolanos que esa no es en definitiva la ruta por la que hay que luchar para salir de esta tragedia. Y para eso es necesario comenzar analizando esa expresión inicial, “el sistema institucional”, que ha definido las relaciones de poder en Venezuela, no de ahora, sino prácticamente desde el comienzo de la República como Estado independiente. Sin embargo, como son muchos los cambios propuestos en nuestro proyecto, El Gran Cambio, por ahora comenzaré explicando el cambio fundamental que hay que principalmente aplicar, que no es otro –nada más y nada menos- que el de la estructura de la Constitución.

Partiendo de la “Constitución del Estado de Venezuela del 24 de septiembre de 1830”, que así era como se titulaba el texto fundamental de nuestro país aprobado luego de la separación de Venezuela de la Gran Colombia, hasta nuestros días, la estructura del poder aplicada a la Constitución ha sido la misma: definición mínima de los Poderes Públicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con delegación al Poder Ejecutivo de la Administración de la Hacienda Pública Nacional y las Fuerzas Armadas, con los controles correspondientes delegados al Poder Legislativo.

Esta estructura centralizada del poder, en manos del Poder Ejecutivo, de todas nuestras Constituciones partiendo de 1830, ha sido el sello indiscutible del devenir histórico venezolano. El Ejecutivo es que centraliza el poder de las armas y el dinero de todos los venezolanos. Eso no es malo en sí mismo. Ese es el sistema que nos hemos dado desde el principio de los tiempos republicanos. Pero tiene un defecto estructural: depende altamente de la eficiencia de quienes ocupan la única posición de poder en el país. O dicho de otra manera, la regla establecida en todos nuestros Pactos fundamentales entre gobernados y gobernantes, le entrega a quienes nos gobiernan en el Poder Ejecutivo, la patente de corso de hacer lo que les venga en gana con lo que es de todos.

Y aunque “deberían” existir los contrapesos con el resto de los poderes (Legislativo y Judicial, 3 hasta la Constitución de 1961), lamentablemente en toda nuestra historia estos mecanismos definidos como tales en el Pacto Fundamental, la Constitución, no han sido lo suficientemente eficientes para evitar los desmanes de quienes han ocupado el poder en Venezuela. No ha existido nunca un equilibrio entre los Poderes Públicos, ocasionando que quienes han ejercido el Poder Ejecutivo, hayan tenido permanentemente una influencia perniciosa en la administración de lo que es de todos, trayendo como consecuencia subdesarrollo y pobreza, y últimamente destrucción institucional del Estado y éxodo masivo de la población.

Entonces, la primera conclusión a la que podemos llegar de este hecho completamente comprobable, es que los problemas de los venezolanos nunca se solucionarán solamente cambiando el Poder Ejecutivo (en otras palabras, otro Presidente), sino cambiando la estructura y todo el sistema de relaciones que se den entre los componentes que conformarían una nueva estructura a definir. Y eso nos lleva a la definición de sistema.

Tomaré la definición de Karl Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), en su Teoría General de Sistemas, y que ha sido generalmente aceptada por todos, y aplicada a muchos campos del saber humano: “Un sistema se define como un conjunto de elementos que interactúan entre ellos”. Esta definición coincide con la definición del DRAE: “1.m. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí”.

El sistema de relaciones entre los distintos Poderes Públicos define el “sistema institucional” que tenemos en Venezuela. Si definimos en nuestro Pacto fundamental que existirá un Poder Ejecutivo que administrará la Hacienda Pública del país y las armas de la República, estableciendo asimismo que los restantes Poderes lo controlarán, no habrá manera de salirse de esa trampa si el Poder Ejecutivo logra evadir a través de la penetración –o corrupción- de los poderes restantes, controlar el sistema y su estructura, esta última definida en el DRAE como la “1.f. Disposición o modo de estar relacionadas las partes de un conjunto”. Esto último es lo que ha ocurrido en Venezuela durante los últimos 23 años.

Entonces, queda al libre arbitrio de cualquiera que ocupe la Primera Magistratura del país hacer las cosas apegadas o no a la Constitución, porque así fue establecido dentro del sistema de relaciones institucionales definido en ella. Esto es, en nuestro sistema y desde el comienzo de la República de Venezuela, hemos atado toda la vida del país a una persona, el Presidente –y quienes estén bajo su control- desde la misma definición del Pacto. De esto se concluye que para que el sistema funcione, independientemente de quien sea el Presidente, debemos definirlo de una manera tal que el poder descanse sobre una estructura institucional lo más cercano a quienes resulten afectados de su mala administración. Esto es, a los ciudadanos.

Estos principios no los inventé yo. Fueron esbozados inicialmente por Thomas Jefferson (1743-1826), redactor de la Declaración de Independencia norteamericana, donde indicó claramente que, en primer lugar, el poder de los gobiernos deriva de sus ciudadanos, siendo su principal responsabilidad el proteger la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y en segundo lugar, que este poder debe ser arbitrado y administrado por Leyes e Instituciones, no por personas. En otras palabras, dentro de un Estado de Derecho, independientemente de quien detente el poder. Esto debe estar claramente estructurado y sistematizado en la Constitución, y nosotros hemos hecho todo lo contrario.

El Cambio fundamental que ANCO plantea en su propuesta El Gran Cambio, es voltear la pirámide del poder en Venezuela. Establecer en nuestro Pacto fundamental que el poder y la administración de los recursos no esté ya absolutamente en manos del Poder Ejecutivo, sino que se quiebre –de menor a mayor poder- en las tantas entidades federales que existan en el país, y en los tantos municipios que definan los ciudadanos dentro de cada entidad federal, de acuerdo a su propia realidad político-territorial actual. Que el poder se encuentre fundamentalmente en los Municipios, que es donde viven y se desarrollan los ciudadanos, luego en los Estados, como entidad política, y luego en el Gobierno Federal, representante genuino de todos ellos.

Al disolver el Poder en muchísimas piezas, será virtualmente imposible que una sola persona y sus cómplices, nos arruinen y nos roben masivamente en el futuro, como ya lo ha hecho este sistema de relaciones de poder existente, con Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros a la cabeza.

Hay que cambiar el sistema, no a las personas. Estamos conscientes que partiendo de esa premisa fundamental, se derivarán muchísimos cambios y nuevas maneras de intercambio en las relaciones institucionales, que hay que construir completamente de la nada, como por ejemplo, el sistema de distribución del ingreso, actualmente definido en la Constitución. Este nuevo sistema de relaciones nos llevará a que no sea el Presidente en su Consejo de Ministros el que decida cuanto darle a las regiones o que proyecto desarrollar en ellas, dentro de los múltiples mecanismos que están establecidos en una Hacienda Pública que actualmente se maneja como la chequera de los partidos que administran el poder de turno.

Cada Estado y Municipio en un nuevo sistema de relaciones institucionales no serían los que reciban sino los que aporten a un nuevo conjunto federal de acuerdo a la potencialidad de cada uno, y entre todos formalizar un Pacto para financiar al Gobierno Federal constitucionalmente. No estamos hablando de “descentralizar”. No. Estamos hablando de definir una nueva República basada en el aporte de todos los ciudadanos, empoderados de abajo hacia arriba en la pirámide, debido a una nueva formulación del sistema institucional.

Esta propuesta requiere reunir al Constituyente a la brevedad posible y proponerles a los legítimos representantes del pueblo en una Asamblea Nacional Constituyente, una nueva manera de concebir el sistema institucional actual, que nos ha perjudicado históricamente y  que se encuentra completamente agotado. Y esto pasa por explicarles primero a los ciudadanos de Venezuela que estos cambios, que traerían una redefinición profunda del sistema político, van más allá de la idea simplista de cambiar un Presidente en unas elecciones por ahora intrascendentes, pero que los empoderaría para materializar la Refundación de la Nación, necesaria para el bienestar de las nuevas generaciones.

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