Diputados regionales de Bolívar reclaman reconocimiento de derechos laborales de trabajadores guayaneses
Los diputados del Consejo Legislativo del estado Bolívar Ramón Castillo, Luis Mariño y Moisés Ramírez, dirigentes de organizaciones sindicales de las empresas básicas de Guayana, consignaron este miércoles un documento ante la Asamblea Nacional, a los fines de que sean escuchadas las quejas y reclamos del movimiento laboral guayanés, en lo que se refiere a sus derechos y conquistas de contratación colectiva, en especial, a nivel salarial.
La representación parlamentaria estuvo acompañada, además, por Pedro Rondón, miembro y representante sindical de la directiva de Sidor, y de otros dirigentes sindicales guayaneses.
-Nosotros nos hemos abocado a la defensa de los derechos de los trabajadores de Guayana; porque hasta los momentos se encuentran huérfanos de representación, en lo que se refiere a la violación de dichos derechos, traducidos en beneficios sociales, sobre todo, a sus reivindicaciones salariales que en el 2018 fueron desplazadas por el Memorándum 2792.
-Actualmente, en la circunstancia en la que se encuentra Guayana, los trabajadores tenemos 15 días de espera, de que el nuevo ministro de las Industrias Básicas, Juan Arias, se pronuncie, en función de la solución de nuestra problemática, y nos dé respuesta, con relación a lo que estamos viviendo los trabajadores, que no es más que una desprotección social, al no conocer éstos cuál es su salario real.
Dijeron, en ese sentido, que no hay un tabulador de cargos; que no tienen un listín de pagos; para saber si, en realidad, éstos se están honrando; si están cumpliendo con lo que le corresponde a los trabajadores, a ese respecto, en especial, aquéllos, que se encuentran desde el 2018 desincorporados.
-Todavía no hay pronunciamiento, con relación a si estos compañeros se reincorporan a sus labores en las plantas de producción. Sin embargo, por otro lado, vemos que han contratado a otros trabajadores, que se encuentran dentro de las instalaciones, usurpando las funciones de los hasta entonces fijos; que, en su momento, fueron preparados técnica y académicamente y certificados por las empresas, para cumplir con sus roles en las plantas.
Pusieron el caso, además, de trabajadores que han sido jubilados de una manera arbitraria, sobre todo, a nivel de la dirigencia sindical, con la intención velada, de que luego no tengan derecho a la protesta; el derecho a solicitar las reivindicaciones y beneficios de los trabajadores; lo que los ha llevado a pronunciarse con motivo de estas flagrantes violaciones, primero, ante el ministerio del Trabajo y la Defensoría del Pueblo del estado Bolívar; entes que, según los diputados, se han hecho oídos sordos al respecto.
-Es por eso que estamos hoy aquí en Caracas, replicando ese pronunciamiento ante la Asamblea Nacional; para que se escuche el clamor de los trabajadores de Guayana, con relación a nuestras demandas, y obtener las debidas respuestas, que sean serias; no queremos baúles vacíos; como lo que ocurrió con la promesa del tan esperado aumento de salarios presidencial, que no se hizo realidad este 1 de mayo; asumiendo la característica los de hoy en día de efecto lotería: este mes se cobra más que el anterior, pero el próximo cobramos menos; pues no sabemos cuánto es lo que ganamos, y a qué corresponden esos altibajos saláriales.
Reiteraron el llamado al ministro Arias para que asuma su responsabilidad en este caso; para que se sienta con los trabajadores en la Mesa Técnica a evaluar la situación, tanto de los activos, como de los jubilados; sosteniendo éstos una lucha desde hace más de un año, y quienes no han sido escuchados ni por el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana ni por el ministro de la Industrias Básicas y mucho menos por la representación gerencial de cada una de las empresas.
-Nosotros hacemos responsables, a los que están dirigiendo Guayana, de la falta de atención hacia los trabajadores; pues tenemos quince días esperando la respuesta del ministro, y su dilación lo que está incitando es a la división en el movimiento laboral; pues a cada trabajador se le deja en el portón de su respectiva empresa: cien, doscientos trabajadores, haciendo lista, como si fueran desempleados, sin cumplir ninguna función; que es a lo que juega el gobierno a nivel regional, a ese desgaste del trabajador, y a que exista revanchismo entre ellos.
A eso se suma, según los diputados, el hecho de que en Guayana ha desaparecido la representación laboral, pues todos los sindicatos fueron infiltrados por los agentes del gobierno; quienes colocaron las organizaciones sindicales al lado del patrono y que, por esta vía, han venido escalando hacia posiciones o bien de gobernador, bien de ministro o bien de presidente de una de las empresas básicas; olvidando lo que una vez fueron.
-Por lo tanto, en Guayana necesitamos que se haga una revisión de la dirigencia del movimiento sindical no oficialista, y se llame nuevamente a elecciones, para que los trabajadores sí se sientan representados, legítimamente, por alguien en quien ellos confíen en ese movimiento; puesto que hoy se encuentran huérfanos, en ese sentido.
Los diputados guayaneses exhortaron a todos los trabajadores, para que se unan, y llevar a cabo un solo trabajo en conjunto, por el bienestar de todos; además de la recuperación de las empresas básicas de Guayana; lo que significa la reactivación de la producción de las materias primas, que servían de insumos, sobre todo, para la industria manufacturera del país.
-Todas las empresas de Guayana se encuentran desmanteladas, debido a la aberración, con la cual ha sido manejada su política gerencial; basada en la lealtad al patrono, y no en la meritocracia de la mano de obra contratada; a pesar de que el gobierno pretende hacer ver que estas empresas están en plena producción; cuando no es verdad, pues la producción de cada una de ellas está por debajo del 20%.
Consideraron que lo ocurrido este 1 de mayo, con respecto “a la estafa del presidente Nicolás Maduro a los adultos mayores, al decretar el otorgamiento de un bono de 10 mil bolívares solo a 120 mil jubilados, que salieron de sus respectivos cargos desde el 2018”, no cumple con los requisitos exigidos por las federaciones de trabajadores de todo el país, con independencia del reconocimiento, que se le hace a esos 120 mil jubilados y el tema de sus prestaciones sociales, que fueron desvalorizadas, a partir de la adopción de los distintos conos monetarios; pues, a su juicio, lo que está en juego aquí es la obligación que tiene el gobierno de nivelar el salario mínimo al precio de la canasta básica.
-El aumento presidencial, que se dio hace mes y medio, no constituye sino una patraña más, que adopta el gobierno, para evadir sus responsabilidades; porque el poder de compra del trabajador con el nuevo ingreso, aun cuando fue muy sustancial ese aumento presidencial, no es que no le va a alcanzar para pagar los servicios básicos y las necesidades del hogar, sino que sigue siendo un salario de hambre, puesto que eso cubre apenas poco más de 10% de la canasta básica.