No es política, es delincuencia
Esa corta frase encierra buena parte de la tragedia venezolana acaecida durante el largo proceso por restablecer el orden constitucional, a partir del 11 de abril de 2002. Desde aquel entonces el socialismo dominante, fiel a su naturaleza, ha vuelto trizas el Estado de derecho hasta alcanzar el genocidio.
La antedicha caracterización obedece a una rigurosa argumentación jurídica que, acumulada en los últimos 19 años, constituye el profuso expediente contra el régimen de facto en Venezuela en curso ante la Corte Penal Internacional. Porque toda la variedad de violaciones a los derechos humanos, catalogadas como tal por el Derecho Internacional Público, tienen en Venezuela una base cierta de perpetración.
Sin embargo ello no basta para quienes tienen a la vía electoral como un fin en sí mismo por sobre los derechos humanos de los sobrevivientes en esta guerra genocida. Necesitamos de inmediato el restablecimiento del orden constitucional conforme a derecho, considerando como fuere que Venezuela es un país dominado por un Grupo Delictivo Organizado según la respectiva calificación jurídica de la Organización de las Naciones Unidas, y para ello existen mecanismos adecuados a la finalización de este genocidio.
A todo evento raya en lo absurdo descartar la ruta de liberación nacional proclamada el 23 de enero de 2019, unánimemente aceptada por la comunidad democrática internacional, por el solo fracaso del presidente encargado en el cumplimiento de su misión constitucional. Como decía Simón Bolívar, «La constancia ha triunfado siempre«.
Oración y trabajo.
