Nueva ruta, nuevo pacto, nuevo enfoque

Después de leer mi última nota un buen amigo me llamó para decirme, palabras menos, palabras más, “Muy bien Luis Manuel, si acepto tu argumento donde ya es un mandato popular no acudir a ningún proceso electoral hasta que Maduro se vaya, entonces estamos desarmados, solo a la espera que vengan a ayudarnos desde afuera ¡y sin posibilidad alguna de movilizarnos!”. Y eso es lo que la gente piensa porque eso es lo que le han hecho creer los enemigos de la Consulta Popular.

El primer resultado concreto de la Consulta Popular es un mandato constitucional vinculante (nótese que digo “es” y no “fue” porque aun está en desarrollo) que les puso una camisa de fuerza a los agentes políticos del país, y que ordena a todos los venezolanos quemar las naves en la exigencia clara de no mover un voto más hasta que la corporación criminal de Maduro abandone el poder que usurpa. Los factores políticos que suscribieron el Pacto Unitario del 7 de septiembre de 2020 en la Hacienda la Vega, donde se anunció por primera vez la ejecución de una Consulta Popular, están en la obligación con los venezolanos de cumplirlo.

Pero aun así, la mayoría de los 37 partidos políticos, en especial los principales, que firmaron esa ruta han movilizado a su militancia en toda Venezuela a participar en unas elecciones regionales con el régimen, ignorando olímpicamente los resultados vinculantes y obligantes de la Consulta Popular que ellos mismos avalaron el 7 de septiembre de 2020. Y en el supuesto negado de que no fuera vinculante, esa expresión tan contundente y mayoritaria no puede ser ignorada y desoída, y mucho menos desobedecida por alguien que se considere demócrata.

¿Quién es entonces el doliente de los 6,4 millones de voluntades expresadas del 7 al 12 de diciembre de 2020? ¿Nuestros “representantes” políticos? Es claro que no son aquellos quienes le han dado la espalda a ese mandato de diciembre los llamados a hacerlo respetar, porque se encuentran activamente buscando cargos que solo existen en su imaginación con una corporación criminal que gobierna en Venezuela. De allí que seamos los ciudadanos los responsables de hacerlo porque ese es un mandato que nos corresponde hacer cumplir a todos los venezolanos, no solamente a los partidos políticos.

Es por eso que luego de ese abandono, aquellos que no hemos dejado de luchar en los distintos ámbitos de la vida del país, hemos propuesto una nueva Ruta Ciudadana con un nuevo Pacto, pero esta vez como consecuencia y en respaldo de algo que constitucionalmente no se había expresado antes de manera constitucional, que no es otra cosa que la exigencia mayoritaria del pueblo venezolano expresada al mundo en una Consulta Popular donde 6,4 millones de venezolanos ordenaron que Nicolás Maduro Moros abandonara el poder para después realizar elecciones libres, justas y verificables, y desconocer en el camino la espuria elección parlamentaria del 6 de diciembre de 2020.

Pero aun así, el régimen con la ayuda de los técnicos electorales de esos partidos opositores han reanudado la marcha para designar un nuevo CNE que será igualmente espurio como lo es ya la Asamblea Nacional que lo designará, rechazada por el pueblo venezolano el 6 de diciembre de 2020 y por la Comunidad Internacional. Ninguno de esos 75 postulados para Rectores del CNE son ignorantes de la situación venezolana por lo que se constituyen en cómplices y agentes –si ya no lo eran antes- de la continuidad del régimen de Nicolás Maduro Moros.

Y como no esperábamos que Maduro obedeciera como cualquier demócrata el mandato popular, los ciudadanos entonces debemos organizarnos para que lo haga, basándonos en las premisas de ese mismo mandato y en la Constitución. Y esa es la razón del Pacto para el Restablecimiento Constitucional que busca unir a todas las fuerzas ciudadanas dentro y fuera de Venezuela, para restituir el orden constitucional, lo que no solo traería como consecuencia el logro del Cese de la Usurpación ordenado en la Consulta Popular, sino el reordenamiento institucional de la República y el saneamiento del resto de los Poderes Públicos desnaturalizados por la corporación criminal de Maduro y sus cómplices.

Esta cruzada es difícil pero no imposible. Pero el enfoque para la lucha que planteamos ahora es muy diferente. Serán otros los que estarán al frente de esta nueva Ruta. Ya no serán los dirigentes de unos partidos con intereses y que privilegian buscar cargos en unas nuevas elecciones pagadas para ellos por el régimen, por encima de idear como salimos de este infierno. No serán aquellos quienes abandonaron al pueblo venezolano al arbitrio de una corporación criminal a favor de sus intereses políticos. Serán los mismos ciudadanos quienes se den a esa tarea. Serán los dolientes directos de esta tragedia venezolana quienes tendrán que pelear por su propia supervivencia. La Consulta Popular nos empoderó como ciudadanos no investidos de autoridad para restituir el orden constitucional con un mandato derivado de la misma Carta Magna. Este es el otro resultado concreto de ese proceso.

¿Y cómo sería la ejecución de ese nuevo enfoque? Los ciudadanos activados por el Pacto acuerdan: “Activar formalmente el procedimiento de restablecimiento del orden constitucional, de conformidad con el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procedimiento que se sostendrá por la ciudadanía no investida de autoridad, sin perjuicio del deber que tienen al respecto los ciudadanos investidos de autoridad, hasta tanto se haya cumplido el objetivo de asegurar el restablecimiento de la vigencia del Estado democrático y social de Derecho y de justicia pactado en nuestra vigente Magna Carta”.

¿Qué significa lo anterior? Que no tomamos el Artículo 333 Constitucional simplemente como enunciativo de lo que hay que hacer sino que establecemos mediante este Pacto un procedimiento para restablecer el orden constitucional, sustentándonos en todos los considerandos enunciados allí, para finalmente “Promover la conformación de una Conferencia para el Restablecimiento Constitucional y la Reafirmación de la Soberanía Popular, a integrarse conjuntamente con la ciudadanía investida de autoridad, en acatamiento al mandato vinculante expresado el 12 de diciembre de 2020; instancia que asumirá la vocería, representación y coordinación de las acciones señaladas para el restablecimiento constitucional y democrático, y organizará sus réplicas a nivel internacional, regional, municipal y parroquial”. En otras palabras, un accionar de la ciudadanía para organizarse y movilizarse para el rescate de la institucionalidad usurpada.

La «Conferencia para el Restablecimiento Constitucional y la Reafirmación de la Soberanía Popular» se debe entender como una coordinación de organizaciones desde donde deberán salir las acciones en todos los niveles para el logro del restablecimiento constitucional y en consecuencia el Cese de la Usurpación. La Conferencia para el Restablecimiento Constitucional se establecerá en los niveles Nacional, Internacional, Estadal, Municipal y Parroquial, cubriendo en cada uno de esos niveles la representación de los 7 ámbitos de actuación señalados para la sociedad civil en el Artículo 326 Constitucional. La promoción de esta fórmula nos permitirá a todos actuar coordinadamente y en forma transversal en todo el país, canalizando las exigencias de cada uno de los sectores en una sola voz y una sola fuerza capaz de remover los cimientos del régimen.

La articulación de nuestras actuaciones como sociedad civil no investida de autoridad con aquellos poderes legítimos investidos de autoridad, en este caso la Presidencia Encargada y la Asamblea Nacional (hoy actuando como Comisión Delegada) solo dependerá de ellos. La fuerza ciudadana no necesita para expresarse ni movilizarse de ningún tutelaje de los investidos de autoridad pero si respeta su condición de poderes legítimos reconocidos internacionalmente. Es ese mismo reconocimiento el que exigimos de ellos para actuar coordinadamente en una tarea que nos es ordenada constitucionalmente a ambos como lo es la restitución del orden constitucional. De allí que se encuentren también mencionados en el Pacto.

Ya comenzamos a dar los primeros pasos a nivel nacional y regional con la firma de representantes de la Federación Médica Venezolana y con representantes de los trabajadores de las industrias básicas de Guayana (Intersindical de Guayana, ITG).

La consolidación de este movimiento de la Sociedad Civil que ya comenzamos solo será posible de la convicción de todos los venezolanos de que lo que obtuvimos del 7 al 12 de diciembre 2020 con la Consulta Popular nos inviste de la suficiente soberanía para actuar como uno solo y con una sola fuerza. Confundirnos con lo que dicen quienes pretenden engañar a los ciudadanos de que aquí no paso nada, es olvidar que poseemos en esencia esa fuerza concedida por nuestro texto fundamental, y que aplicada correctamente será la llave que le abrirá de nuevo las puertas a la libertad de Venezuela…

Blog: https://ticsddhh.blogspot.com/
Email: [email protected]
Twitter:@laguana
Instagram: @laguana01
Telegram: https://t.me/TICsDDHH