Eliminar la institución militar actual
En medio de la guerra de exterminio declarada por el socialismo en contra de los venezolanos – un genocidio en todo rigor – adquiere especial relevancia mantener la búsqueda de sus causas, y a sus responsables.
Si bien es cierto que la génesis de nuestra decadencia social se halla en la estatización del negocio petrolero a partir del 1º de enero de 1976, bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez cuando el Estado Nacional, administrador de riquezas certificadamente inepto y corrupto pasó a regentar la principal fuente de riquezas nacional. Pero igualmente notorio es el protagonismo de la ideología socialista, que a partir del 11 de abril de 2002 tuvo a bien exhibir en territorio patrio todo el arsenal destructivo con el que supo labrar su leyenda.
Sin embargo junto a los vicios de la democracia, y la vesania socialista, en Venezuela tiende a solaparse una condición sine qua non para la tragedia nacional: La institución militar. Históricamente, Venezuela ha hecho de la institución armada una clase injustamente privilegiada con toda la carga negativa inherente al adjetivo, terreno fértil hacia su depravación, procurada con denuedo por el socialismo desde el ascenso al poder por parte del Teniente Coronel ® Hugo Rafael Chávez Frías.
No existen palabras para describir en justicia el nivel de criminalidad desarrollada por la institución militar venezolana cuando menos a partir del 11 de abril de 2002. Bastará con referir que todas y cada una de las funciones, deberes y competencias que le fueron establecidas en el artículo 328 de la Carta Magna han sido sistemáticamente incumplidas, hasta hacer de aquella el principal garante para la continuidad del socialismo en el poder, por constituir la institución armada su más importante beneficiario.
De allí que resulte indispensable para el inmediato restablecimiento del orden constitucional tanto la eliminación de la actual institución militar como el inicio de procesos de investigación penal para todos sus integrantes desde el 11 de abril de 2002; junto a la inhabilitación de por vida para trabajar bajo las órdenes del Estado en cualquiera de sus niveles político territoriales, u órganos del Poder Público Nacional una vez restaurada la República de Venezuela ¡Prohibido olvidar!
Ora y labora.
