¿Cuál sería un castigo justo para el socialismo?
Nada fácil de responder, en especial para los venezolanos que hoy padecemos el horror de esa ideología del mal en el poder. Pues cómo castigar en justicia a los responsables de aplicar las políticas más crueles de la historia siempre conforme a una receta certificadamente fracasada. Se trata precisamente de criminales y sus prácticas no deben repetirse.
Así las cosas nos atrevemos a lucubrar sobre algunos elementos que nos acerquen a posibles resoluciones. En primer término, una vez alcanzado el restablecimiento pleno del orden constitucional, la búsqueda de una verdadera justicia, aplicada incluso contra los depravados que han dirigido el genocidio socialista en Venezuela, debe ser labor de primer orden, habida cuenta que la muy natural venganza más allá de la satisfacción momentánea garantiza también la perpetuación de la barbarie, a contracorriente del espíritu civilizador de un Régimen Democrático de Libertades.
En segundo lugar, las estructuras políticas que dieron pie al genocidio deben sufrir modificaciones indispensables, pues la catástrofe socialista no debe repetirse jamás en suelo patrio. Por último, consideramos como igualmente necesario el consolidar la ¨Memoria Histórica¨ sobre lo acontecido en Venezuela desde el 11 de abril de 2002, para que las futuras generaciones de venezolanos jamás pierdan de vista el perjuicio que implica el socialismo.
Es en ese contexto que mencionaremos algunas medidas puntuales relativas a la interrogante en cuestión.
1. La prohibición constitucional del socialismo como alternativa de poder político en cualquiera de sus manifestaciones públicas. Tal como el nacionalsocialismo y el comunismo han sido objeto de prohibiciones en varios países en razón del efecto nocivo de su práctica, con más razón deberá serlo en Venezuela el socialismo, con mucho la ideología más asesina en la historia de la humanidad.
2. La prohibición constitucional de la propiedad y/o administración de empresas mercantiles por parte del Estado en cualquiera de sus niveles político-territoriales. Ello implicará un proceso jurídico gradual pero consistente hasta lograr la extinción de tales empresas, y en el caso de aquellas cuyo rendimiento económico sea ostensible, verbigracia los hidrocarburos y la minería, deberán ser devueltas en plena propiedad a cada venezolano mayor de edad, a través de acciones mercantiles, siempre de conformidad con un riguroso ordenamiento jurídico dictado al efecto.
3. Eliminación de la actual fuerza militar, para ser reemplazada por una Fuerza Armada Nacional en los términos de la Carta Magna. Toda la maldad desplegada por el socialismo en gobierno tiene su perfecta representación en la actual fuerza militar. Así entonces es absolutamente indispensable, para la reconciliación nacional, el que todos y cada uno de los integrantes de esa organización criminal sean dados de baja jurídicamente, y sometidos a investigación penal de conformidad con la ley respectiva, con prohibición vitalicia para ingresar al Poder Público en cualquiera de sus niveles político-territoriales. Aquellos de sus integrantes que contribuyan con sus acciones al restablecimiento del orden constitucional conforme al artículo 333 de la Carta Magna, deberán ser objeto de una evaluación jurídica que califique en rigor las atenuantes derivadas de su personal conducta. Prohibido Olvidar.
Ora y labora.
