La consulta será por el gran cambio
El 26 de marzo de 2020 se marcó un hito en la historia política de Venezuela y lamentablemente, coronavirus de por medio, pareciera que pasó por debajo de la mesa. Hemos repetido tanto que Maduro y su camarilla son una mafia narcocriminal que cuando el Departamento de Justicia norteamericano lo reconoce con pruebas en la mano después de 10 años de investigaciones criminales, los políticos en Venezuela todavía se plantean un cogobierno con ellos.
Repito, el 26 de marzo se señalaron como delincuentes internacionales a quienes ejercen ilegítimamente el poder en nuestro país. Y eso cambia definitivamente el abordaje que todo el mundo le debe dar al tema de la sucesión del poder en Venezuela.
¿Cómo lo veníamos tratando en ANCO? Para nosotros la sucesión debía tratarse como un problema político. Desde el 1ro de mayo de 2017 cuando la narcotiranía presidida por Nicolás Maduro Moros convocara a una Asamblea Nacional Constituyente sin tener la calificación para eso, y suplantando la soberanía popular, la Alianza Nacional Constituyente Originaria enarboló la bandera de una consulta popular organizada por la ciudadanía con base en los Artículos 5, 70 y 333 Constitucionales a los fines de que el pueblo venezolano se pronunciara para detener esa estafa que nos perjudicaría a todos, como la única solución que nos quedaba como venezolanos no investidos de autoridad.
La consulta popular que propusimos en el 2017, y que logró resultados incompletos el 16 de julio del mismo año, se transformó en un instrumento de lucha pacífica que ANCO adoptó para que el pueblo decidiera la permanencia de Nicolás Maduro Moros y su régimen en el poder. Nuestra argumentación estaba basada en que esta solución fuera asumida por la comunidad internacional, con la sociedad civil de Venezuela al frente, como la única vía pacífica en la que fuera la soberanía popular la que decidiera. Y administrara electoralmente el mandato de los venezolanos al margen de los poderes públicos. Y como mecanismo que permitiera una salida constitucional, pacífica y electoral al régimen que desgobierna a Venezuela.
Conscientes de lo extraordinariamente difícil que era convencer a la comunidad internacional de esta solución, y en especial cuando la oposición oficial, cuyos intereses ha demostrado no ser los mismos que el de los venezolanos, teniendo ellos la ventaja de ser la única voz que se escucha en el exterior, nos dispusimos a realizar los contactos fuera del país para que nuestros principales voceros explicaran esta solución que ya había sido informada al Secretario General de la OEA, Luis Almagro.
No era fácil hacer eso. Sin recursos, con las fronteras bloqueadas, sin pasaportes, sin visas, se imaginarán ustedes si nuestra voz sería oída con la claridad y la fuerza suficientes por los tomadores de decisiones de los principales países amigos del pueblo venezolano. Pero aun así nos dispusimos a hacerlo. Y en eso estuvimos hasta que llegó el 26 de marzo de 2020. Todo eso cambió a partir ese día. De allí que ANCO se pronunciara el 28 de marzo de 2020.
Si nuestra propuesta se basaba esencialmente en que los principales factores internacionales, encabezados por los Estados Unidos asumieran la soberanía popular de los venezolanos como soporte para el desplazamiento del poder de Maduro y sus criminales, su Departamento de Justicia se adelantó en darles ese soporte. La decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos transformaba un problema político en uno policial y/o criminal. En este sentido las acciones para que estas personas desalojen el poder en Venezuela deberán estar a cargo de la justicia nacional e internacional, por lo que una consulta popular para estos fines dejaba entonces de tener vigencia.
¿En donde deja eso a ANCO?
Nuestra posición a partir del 3 de mayo de 2017 sigue siendo la misma: “¡Contrapongamos la fuerza del poder constituyente originario a la pretensión de poder de un régimen, quien mancillando una herramienta que solo le pertenece al pueblo de Venezuela intenta utilizarla para someterlo, destruyendo su libertad!”. Y así mismo lo manifestamos ese día rechazando el llamado Constituyente de Nicolás Maduro Moros.
Si bien es cierto en ANCO apoyamos la vía consultiva como instrumento coyuntural para que el país recuperara a la institucionalidad y se lograra el “cese de la usurpación”, y con más razón, inmediatamente posterior al desplazamiento del poder de los delincuentes que ya han sido oficialmente señalados internacionalmente, debe convocarse al soberano pueblo de Venezuela a una consulta popular para que autorice el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente Originaria auténtica y constitucional como la herramienta óptima para unir al país. Para la reconciliación en justicia. Para hacer el gran cambio para la reinstitucionalización del Estado y la plena vigencia de la libertad y la justicia.
No es nuevo este llamado de ANCO. Ha sido la principal razón de constituirnos como ONG. Consideramos que es absolutamente necesaria la recomposición institucional, política, económica y social de este país destruido. No es posible que le dejemos a los factores políticos que vengan a gobernar una estructura del Estado complaciente que les permita hacer lo que les venga en gana con la vida de los venezolanos. Y eso debemos hacerlo antes de comenzar con un nuevo periodo institucional del país posterior a cualquier proceso electoral. Acuérdense de mí: los factores políticos nos dirán que no es necesario, que vuelven a la carga “los locos de la constituyente con una constituyente innecesaria, porque hemos tenido 26 constituciones”. ¡Y ahora es cuando hace más falta!
Los ciudadanos debemos controlar lo que venga después convocando al Constituyente y restituyendo las instituciones que balanceaban constitucionalmente al Poder Ejecutivo, y que las leyes no se encuentren en las manos del populismo político de los corruptos, sino de la institucionalidad de la representación de los Estados en un Senado de la República. Que los Municipios y los Estados dispongan del poder necesario para su desarrollo y del derecho de ejercerlo, y así se disponga constitucionalmente, comenzando por una reforma a fondo del destino del petróleo y de la renta petrolera en la vida de los venezolanos. Tenemos la obligación de comenzar desde ahora la defensa de nuestro futuro después de esta pesadilla.
Son muchas las reformas institucionales que requiere el Estado venezolano después de tsunami destructivo castro-chavista-madurista, entre ellas la revisión completa de los poderes del Presidente de la República. De esto hemos hablado muchas veces en esta tribuna pero lo retomaremos porque ese gran cambio no solo es importante, sino absolutamente necesario para la supervivencia de Venezuela después de la transición.
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