El Senado de la República ha reactivado con carácter de urgencia la discusión sobre la Ley Federal de Ciberseguridad, tras una serie de incidentes de ransomware que afectaron a dos dependencias gubernamentales y un banco importante a finales del año pasado. La nueva legislación busca establecer una Agencia Nacional de Ciberseguridad con facultades para coordinar la respuesta ante incidentes críticos.

Colaboración público-privada

Uno de los puntos más debatidos es la obligación de las empresas privadas de reportar incidentes de seguridad en un plazo no mayor a 24 horas. Mientras el sector privado pide garantías sobre la confidencialidad de la información, los legisladores insisten en que la transparencia es vital para prevenir efectos en cadena en el sistema financiero.

Expertos en tecnología advierten que, sin presupuesto asignado para la capacitación de personal especializado y la actualización de infraestructura legacy, la ley podría quedar como letra muerta frente a la sofisticación creciente de los grupos de cibercrimen.