Cancillería venezolana rechazó sanciones de EE. UU. contra 21 «patriotas» chavistas
La Cancillería de la República rechazó vehementemente este miércoles 27 de noviembre las sanciones impuestas por Estados Unidos contra 21 funcionarios chavistas, a quienes el gobierno venezolano denominó como «patriotas».
Washington acusó a este grupo de «represión» y de intentar «robar» los comicios del pasado 28 de julio, donde Nicolás Maduro fue proclamado vencedor.
«Estas medidas no promueven la democracia en Venezuela, sino que buscan dar un último aliento a un grupo fascista disperso y desprestigiado que no tiene arraigo en la población venezolana, para prolongar así su fracasada política de cambio de régimen», declaró la Cancillería en un comunicado compartido en la cuenta de Threads de Yván Gil. El Ejecutivo nacional describió las sanciones como «medidas coercitivas unilaterales» de un «Gobierno decadente y errático».
Venezuela aseguró que, hace casi cuatro meses, obtuvo una «gran victoria popular» en las elecciones presidenciales, aunque los resultados específicos por centro de votación aún no han sido publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo cual ha generado críticas internacionales. Países como Colombia y Brasil han cuestionado la transparencia del proceso.
Entre los sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense se encuentran figuras como Aníbal Coronado, ministro de Despacho de la Presidencia, Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación, y Julio García Zerpa, ministro de Servicios Penitenciarios.
Además de los políticos, las sanciones afectan a altos mandos de fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia, acusados por EE.UU. de «reprimir violentamente las manifestaciones pacíficas» tras las elecciones. Entre los nombres destacan Alexis Rodríguez Cabello, director del SEBIN, y Javier Marcano Tábata, jefe de la DGCIM. También se incluyó a Daniella Cabello, hija del ministro de Interior, Diosdado Cabello. Con estas sanciones, los bienes personales de los afectados en Estados Unidos quedan bloqueados, y se prohíben las transacciones financieras con ellos.
Caracas defendió a estos funcionarios, afirmando que se han dedicado a «salvaguardar la paz, la estabilidad, la recuperación económica y la unidad nacional».
