Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó legislación para aislar al gobierno de Maduro

El Mundo | noviembre 18, 2024 | 8:57 pm | .

Este lunes 18 de noviembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley bipartidista de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela (BOLIVAR), presentada por los congresistas Mike Waltz y Debbie Wasserman Schultz.

Esta legislación busca expandir las sanciones existentes contra el gobierno de Nicolás Maduro, prohibiendo que cualquier entidad del gobierno estadounidense contrate con empresas o individuos que tengan negocios con el chavismo o cualquier gobierno sucesor no reconocido por EE. UU.

El congresista Waltz comentó sobre la situación en Venezuela, diciendo: “Venezuela está en crisis debido al gobierno ilegítimo y autoritario y a las políticas marxistas de Nicolás Maduro y su cártel de Caracas”, enfatizando la necesidad de reforzar las sanciones para apoyar a los demócratas en Venezuela.

La congresista Wasserman Schultz también expresó su posición: «He luchado por sanciones duras contra el régimen de Maduro, una ayuda humanitaria robusta y presión internacional para proteger los derechos humanos y el estado de derecho en Venezuela. Esta ley es crucial para cortar el apoyo a Maduro».

La Ley BOLIVAR sigue el precedente de la Sección 890 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2020, que ya había impuesto restricciones de contratación al Pentágono. Ahora, esta legislación extiende esas restricciones a todas las agencias federales, con el objetivo de aislar económicamente al gobierno de Maduro. Esta medida cubrirá a los contratistas que no estén vinculados con el Departamento de Defensa, que en 2023 representó el 60% de los contratos gubernamentales.

Se han incluido exenciones para permitir ciertos contratos, como aquellos destinados a asistencia humanitaria y socorro en caso de desastres, para evitar que las sanciones perjudiquen injustamente a la población venezolana. La legislación similar había sido aprobada previamente en el Senado, reflejando un consenso bipartidista sobre la necesidad de actuar contra el gobierno de Maduro.