AN aprueba ley que castiga a quienes promuevan sanciones
Los legisladores venezolanos aprobaron el jueves un proyecto de ley que codifica las sanciones económicas, como las impuestas por Estados Unidos, como crímenes contra la humanidad y permite el procesamiento de cualquiera que exprese su apoyo a las medidas.
El proyecto de ley, aprobado por la Asamblea Nacional unicameral, apunta implícitamente a los principales líderes de la oposición, muchos de los cuales han apoyado las sanciones económicas como un medio para presionar al gobierno a negociar. La medida prohíbe a los partidarios de las sanciones económicas presentarse como candidatos a cargos públicos y permite a las autoridades procesarlos en ausencia y confiscar sus bienes.
“Las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas contra la República Bolivariana de Venezuela constituyen un crimen de lesa humanidad, en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”, señala el proyecto de ley leído durante la sesión de este jueves.
Una condena según el proyecto de ley conllevaría una pena de al menos 25 años de prisión.
La aprobación se produce un día después de que la Casa Blanca anunciara que había impuesto sanciones a 21 personas a las que acusó de socavar las elecciones presidenciales de julio en Venezuela. También siguió a la decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos la semana pasada de aprobar un proyecto de ley que impediría al gobierno federal contratar a cualquier empresa que haga negocios con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La medida es el último esfuerzo del partido gobernante de Venezuela para silenciar la disidencia después de las elecciones de julio, que Maduro y el ex diplomático Edmundo González afirman haber ganado.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que está repleto de partidarios de Maduro, declaró a Maduro como ganador horas después del cierre de las urnas el 28 de julio. Pero a diferencia de elecciones presidenciales anteriores, las autoridades electorales no proporcionaron recuentos detallados de los votos.
Mientras tanto, la principal coalición opositora recogió actas de recuento de 80% de las máquinas de votación electrónica del país, las publicó en línea y dijo que los registros de votación mostraban que González ganó las elecciones con el doble de votos que Maduro.
Las protestas antigubernamentales estallaron en todo el país al día siguiente de las elecciones, y fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado, que arrestaron a más de 2.200 personas, entre ellas líderes políticos, abogados, trabajadores electorales, voluntarios electorales y manifestantes, tanto menores como adultos.
González abandonó Venezuela en septiembre para exiliarse en España después de que se emitiera una orden de arresto en su contra en relación con una investigación sobre la publicación de las actas de escrutinio, mientras que la líder opositora María Corina Machado ha estado escondida durante meses en un lugar no revelado.
Machado ganó el año pasado las primarias presidenciales organizadas por la principal coalición opositora, pero el gobierno de Maduro la excluyó de las elecciones del 28 de julio mediante una decisión administrativa que concluyó que no podía postularse porque supuestamente había solicitado las amplias sanciones económicas que Estados Unidos impuso la década pasada en un esfuerzo por derrocar a Maduro. Las sanciones paralizaron el crucial sector petrolero de Venezuela.
El sustituto elegido por Machado también fue excluido de representar a la coalición opositora Plataforma Unitaria, lo que llevó a la dirigencia de la facción a elegir a González como candidato.
La semana pasada, la Fiscalía General de Venezuela anunció una nueva investigación contra Machado. Sus comentarios a favor del proyecto de ley de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según un comunicado de la fiscalía, “constituyen la comisión de los delitos de traición a la patria”, conspiración con países extranjeros y asociación.
