Superlano y Roland Carreño fueron pasados a juicio sin presencia de sus abogados
El abogado Joel García informó este lunes que los dirigentes de Voluntad Popular Roland Carreño y Freddy Superlano fueron pasados a la etapa de juicio, sin la presencia de sus abogados de confianza porque la audiencia se llevó a cabo vía telemática desde el Helicoide.
En entrevista concedida a VPI TV, destacó que a los detenidos en medio de la crisis postelectoral no han tenido acceso a la defensa privada, por lo que se ha violado su derecho a la defensa.
«Los tribunales no admiten defensa privada, el juez es el primero que viola los derechos de los detenidos. En el caso de Roland Carreño y Freddy Superlano ya fueron celebradas las audiencias preliminares dentro del Helicoide de forma telemática, asimismo ha sucedido con los detenidos en protestas que están en Tocorón, Tocuyito y Rodeo I», dijo. «Ya no son trasladados al tribunal, están dentro de una carcel, allí coaccionados, desprovistos de defensa, ese ha sido el común denominador, la violación de sus derechos».
Además, aseveró que ha muchos de los detenidos se les ha obligado a admitir responsabilidad en delitos que no han cometido para «rebajarles la pena».
«Lo lamentable es que estamos ante un teatro judicial donde el juez tiene un guion, el MP tiene un guion y el único actor que no tiene un guion es el preso. Superlano Carreño fueron detenidos sin orden de aprehensión, se le imputó de manera generalizada los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria, a todos lo mismo. La audiencia de ellos dos ya fue realizada de manera telemática, vía Zoom desde el tribunal y ordenaron su pase a juicio».
Agregó que en esta causa también están siendo imputados el confundador de Súmate, Ricardo Estevez, Perkins Rocha representante legal de María Corina Machado y Nélida Sánchez de la ONG Súmate.
García espera poder representarlos en el juicio «para que no vayan a ese paredón de fusilamiento».
También refirió a los casos de al menos 70 menores de edad que están detenidos tras el 28 de julio, y afirmó que solo los están acusando con base en un acta policial.
«Es un crimen lo que se está cometiendo, por eso no dejan que tengan defensa privada, y los jueces de control que estudiaron para defender y garantizar derechos son los que violan los derechos. A los familiares les queda solo seguir protestando porque no está en manos de Unicef ni los jueces, la libertad de estas personas; sino en el poder Ejecutivo, son ellos los que le pueden dar libertad, porque los jueces y fiscales solo cumplen instrucciones», sentenció.
