El Carabobeño: pasan a juicio a 7 menores detenidos tras el 28J, afirman que han sido torturados
En audiencia preliminar telemática, la jueza Keidimar Ramos Castillo, titular del Tribunal 2 con competencia en terrorismo, pasó a juicio a siete menores de edad, entre 15 y 17 años: acusados de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad durante las protestas surgidas en el país a raíz de los resultados electorales del pasado 28 de julio.
El Carabobeño reportó que este es el segundo grupo de jóvenes, menores de 18 años, que es pasado a juicio en Carabobo. Dos adolescentes recibieron la decisión judicial el pasado viernes.
A continuación parte del reporte íntegro y exclusivo del medio regional:
La audiencia preliminar inició cerca de las 2:00 de la tarde de este miércoles. Los familiares estaban esperanzados en que, tras 62 días y luego de las pruebas que consignaron ante la defensoría pública, incluidas constancias de estudio y deportivas y cédulas de testigos, pudieran salir del Palacio de Justicia de Carabobo, en Valencia, con sus hijos.
Estos siete jóvenes, entre los que hay una niña de 16 años, tienen varias cosas en común. Fueron detenidos en distintas horas entre el 29 y el 30 de julio y están recluidos en comandos policiales de Valencia y Libertador. La defensora pública es Kelly Pérez y todos fueron torturados en los centros policiales a los que fueron enviados tras su detención, según declaración de sus familiares.
Todos grabaron un video en el que admitían que les habían pagado 30 dólares por salir a la calle a protestar. Lo hicieron luego de varios días de recibir golpes, tantos que algunos perdieron piezas dentales. Otro tiene las tetillas quemadas, porque le pusieron electricidad. Ninguno de los exámenes forenses exigidos por los familiares se realizó.
Los padres nunca han podido ver el expediente de sus hijos. «Hemos solicitado el expediente infinidad de veces y siempre nos dicen que no se puede porque es ilegal. ¿Por qué es ilegal si ellos son menores de edad y nosotros somos parte del proceso?», se preguntan.
Es tanta la irregularidad que algunos números de cédula en el acta policial estaban mal escritos. «Dónde está el derecho a podernos defender con abogados privados. Ni siquiera hemos podido ver qué delitos le están imputando a nuestros hijos».
