El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo defendió la línea del presidente Gustavo Petro de proteger la inviolabilidad del fuero presidencial en su país, el cual «impide que el jefe del Estado sea investigado por una entidad administrativa».

Durante una conferencia de prensa en Pekín, Murillo quien se encuentra en una visita oficial como parte de una gira internacional, hizo referencia a la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de presentar cargos contra la campaña electoral de 2022 de Petro por una supuesta violación del régimen de financiación.

«Hemos informado al cuerpo diplomático sobre las acciones que emprenderemos para garantizar el respeto al sistema democrático en Colombia y defender los derechos del presidente Gustavo Petro», expresó según Blu Radio.

Petro: Soy víctima de un «golpe de Estado» por un CNE infiltrado por la oposición

El presidente colombiano, Gustavo Petro rechazó la investigación que ordenó iniciar el Consejo Nacional Electoral de ese país y la apertura de un pliego de cargos en su contra, que se extiende a de tres miembros de su campaña, en razón de su aparente responsabilidad en la violación de los topes establecidos para la liza de 2022. A su juicio esto «ha roto su fuero integral» y es una obra de la oposición a su Gobierno.

«Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de Colombia que defiende la constitución, hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado en mi contra, contra un presidente electo por más de 11 millones de ciudadanos», expresó en una declaración oficial.

De concretarse, advirtió, esto representaría la mayor afrenta a la democracia en la historia del vecino país.

Acto seguido, acusó al CNE de ser un organismo administrativo «infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas, y han formulado cargos en mi contra, lo que viola la constitución y mi fuero integral. Esto pone en peligro la institucionalidad que represento», sentenció.

El Consejo Nacional Electoral acordó investigar a su entonces jefe de campaña, Ricardo Roa Barragán; a la tesorera de campaña, María Lucy Soto Caro; al auditor Juan Carlos Lemus Gómez, y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. Los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, ambos vinculados con partidos de la oposición, consignaron en mayo pasado una ponencia en la que se refieren presuntas violaciones a los topes electorales superiores a los 5.355 millones de pesos (cerca de 1,2 millones de dólares).

Los señalamientos se basarían en fondos no declarados, que abarcan desde donaciones y el pago a testigos electorales, hasta el pago de traslados aéreos y el alquiler de espacios usados para actos proselitistas.

1. Los supuestos aportes de la Usoifecode no fueron a mi campaña, sino al partido Colombia Humana, tal como lo hicieron importantes empresarios al partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque de 2018, en la cual este mismo CNE absolvió el 28 de octubre de 2021.

2. Los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña, porque la primera vuelta fue hasta la apertura de las urnas el 29 de mayo de 20022 y la segunda hasta la apertura de urnas del 19 de junio de 2022, el conteo de votos se da después.

3. Todos los gastos de campaña por concepto de propaganda fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva, así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de las cuentas.

4. Magistrados del CNE confunden y malinterpretan permisos de vuelo que no fueron usados por la campaña, todas las facturas entregadas corresponden a servicios prestados por la empresa aérea

5. El evento de nuestro triunfo del 19 de junio en el Movistar después de las elecciones tuvo gastos, solo que este evento ya no era parte de la campaña.

Por tanto, reiteró que los cargos del CNE en su contra son «infundados» y estimó que si sus garantías hubiesen sido respetadas, la ciudadanía colombiana sabría que «está enfrentando a un CNE de la oposición que busca a toda costa poner en duda mi integridad».

Petro ha pedido que se haga público el expediente que contiene más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales.

«Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral».