CPI dice que equipo jurídico que defiende a Maduro «es de dominio público»

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) aseguró este lunes que «no demorará sus esfuerzos para lograr la rendición de cuentas» en Venezuela, país que está siendo investigado noviembre de 2021 por crímenes de lesa humanidad cometidos, al menos, desde el año 2014. Luego de que un medio de comunicación publicó que la cuñada del fiscal Karim Khan forma parte del equipo jurídico que defiende a Maduro.

En un comunicado, recordó que abrió una investigación sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela el 3 de noviembre de 2021.

«Tras esa decisión, el Gobierno de Venezuela intentó hacer valer su competencia de conformidad con el artículo 18 del Estatuto de Roma, lo que dio lugar a una pausa en la investigación desde abril de 2022 hasta junio de 2023. La Fiscalía hizo valer con éxito su derecho a continuar con su investigación tras un litigio con el Gobierno de Venezuela ante la Sala de Cuestiones Preliminares que dio lugar a la reanudación de la investigación. La investigación se encuentra ahora activa y en curso».

Destacó que, la Fiscalía también está siguiendo de cerca los acontecimientos actuales en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y confirma que está analizando de forma independiente e imparcial la información que se le transmite sobre las denuncias de crímenes que pueden ser de la competencia de la Corte. Además, la Oficina ha realizado gestiones diplomáticas al más alto nivel para subrayar la importancia de garantizar que se respete el estado de derecho en el momento actual y hacer hincapié en que todas las personas deben estar protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes del Estatuto de Roma.

Como se establece en el Estatuto de Roma, los Estados tienen el deber primordial de ejercer la jurisdicción penal sobre los responsables de crímenes internacionales. Esto se conoce como el principio de complementariedad, en virtud del cual se da prioridad a los sistemas nacionales. Por lo tanto, en paralelo a la apertura y la prosecución activa de una investigación, y con miras a agotar todas las vías posibles para la rendición de cuentas, de conformidad con el Estatuto de Roma y el principio de complementariedad, la Oficina firmó dos Memorandos de Entendimiento (MdE) con el Gobierno de Venezuela destinados a apoyar los esfuerzos genuinos de rendición de cuentas a nivel nacional en Venezuela.

Sin embargo, la Oficina ha sido clara desde el comienzo de esta labor, en que no demorará sus esfuerzos para lograr la rendición de cuentas en relación con la situación en Venezuela, ya sea mediante su propia investigación o mediante esfuerzos genuinos y reales en Venezuela.

El segundo memorando de entendimiento firmado en Caracas el 9 de junio de 2023 por la Fiscal y el Presidente de Venezuela delineó una serie de áreas prioritarias en relación con las que la Fiscalía brindará asesoramiento y asistencia a las autoridades venezolanas, de conformidad con el principio básico de complementariedad. Como se detalló públicamente en ese momento, estas incluyen asistencia técnica para el desarrollo legislativo en el campo de la justicia, transferencia de conocimientos, incluidas las mejores prácticas para las autoridades nacionales a cargo de las investigaciones y los enjuiciamientos, e información general sobre las actividades de la CPI, incluidas sus modalidades de cooperación.

A diferencia del primer memorando de entendimiento, que es público, este memorando de entendimiento sobre el establecimiento de la Oficina es confidencial, ya que contiene información operativa e información relevante para los acuerdos de seguridad. En general, no es una política estándar de la Fiscalía publicar memorandos de entendimiento o acuerdos con países anfitriones relacionados con el establecimiento de oficinas en esos países.

«La composición del equipo jurídico que representa a Venezuela en los procedimientos en los que la Fiscalía defendió con éxito su derecho a hacer valer su jurisdicción en esta situación es un asunto de dominio público. Entendemos que ninguna de las partes en los procedimientos planteó objeciones en ese momento. La Oficina continúa su investigación independiente sobre la situación en Venezuela».