Exclusivo: en cárceles venezolanas exigen beneficios reales y «no más potes de humo»
Privados de libertad en varios estados del país, se han sumado a una huelga de hambre en rechazo a lo que catalogan como la «desidia» del Estado ante la pésima situación en la que vive la población penitenciaria, el retardo procesal y la ausencia de ddhh y beneficios a quienes han cumplido gran parte de la pena, como lo establecen las leyes venezolanas. Un privado de libertad reveló a ND la indignación que sienten por los «potes de humo» del ministerio para el Servicio Penitenciario.
En contacto telefónico, el privado de libertad que pidió hablar bajo anonimato, destacó que la huelga de hambre que inició este domingo es de carácter pacífico y expuso que principalmente es para que el Estado ofrezca una solución efectiva ante el retardo procesal y las irregularidades en el sistema de justicia.
«Nosotros desde el Rodeo estamos haciendo una huelga pacífica porque queremos libertades al cumplir el 50 % de la pena. Queremos que no nos sigan exigiendo cumplir la pena física como lo requiere el servicio penitenciario, porque pasan por encima de las decisiones del TSJ. Nos sentimos oprimidos por el ministerio del Servicio Penitenciario ya que en infinidad de casos el Tribunal ha otorgado beneficios para los privados, pero este ministerio no nos deja salir ni bajo presentación», fustigó.
Explicó que la exigencia del ministerio para el Servicio Penitenciario, exige que los privados cumplan el 75 % de la pena en físico, pero el trámite para que le validen las redenciones es sumamente engorroso.
«Los presos políticos si están penados a 5 años, deben pagar los 5 años y además, esperar la supuesta confirmación que, dura hasta más de 2 años», agregó.
Los presos del Rodeo exigimos que venga un plan cayapa de verdad, siguió.
«No esas mentiras y potes de humo, vienen a cortarnos el cabello y tirar fotos, soltando a 15 personas que ya tenían entre 1 mes y hasta 6 meses con la pena cumplida. Ya hizo su plan cayapa al nivel nacional y nos preguntamos si alguien sabe el total de libertades que supuestamente otorgó», rechazó.
Las cárceles siguen teniendo problemas estructurales
De acuerdo a la información del Observatorio Venezolano de Prisiones, para la tarde de este lunes, al menos 20 cárceles -entre calabozos y centros penitenciarios- se han sumado a la huelga de hambre en diversos estados.
El abogado y profesor de Criminología de la UCV Luis Izquiel expuso que estas huelgas pacíficas solo ratifican que los problemas en las cárceles venezolanas no han terminado, pese a las distintas medidas que han tomado las autoridades durante los últimos años.
«Los privados reclaman sobre el mal funcionamiento del poder judicial, denuncian retardo procesal, sobre la imposición y cumplimiento de la pena, también hablan de la desidia del Ministerio para el Servicio Penitenciario, y esto solo refleja los problemas que continúan a pesar de que supuestamente se han intervenido algunas prisiones, y de que el Estado aseguró que ya no hay pranes en nuestras cárceles», declaró a ND.
En este orden de ideas, subrayó que evidentemente no han funcionado las llamadas «revoluciones judiciales», ni las múltiples jornadas de plan cayapa que se lanzan cada cierto tiempo.
«Es claro que no han funcionado que, han sido solo pañitos calientes y planes de emergencia que resuelven algunos problemas coyunturales, pero siguen existiendo problemas estructurales del mal funcionamiento que se expresa en retardo procesal. El sistema necesita funcionamiento constante y permanente del sistema de justicia, y no acciones de emergencia o acciones puntuales», advirtió.
Respecto a la efectividad de las huelgas de hambre, comentó que los presos lamentablemente no tienen muchas formar de llamar la atención del Estado, y que en casos anteriores son pocas las veces que estas protestas pacíficas han funcionado como forma de presión.
«Te hablan de la desesperación que sienten estas personas que están en las cárceles para llamar la atención ante tanta indiferencia. Una de las solicitudes es que los regresen a los penales de origen ya que, existe un descontento por los traslados de los penales tomados el año pasado, porque muchos presos estaban en un centro donde estaba el tribunal de la causa y los traslados a las audiencias era más fácil, también estaban en las regiones donde viven sus familiares y era más fácil recibir comida o visitas», apuntó. «Cuando se dan estas intervenciones, aumenta el retardo procesal y aumenta la dificultad de alimentación, es probable que esto sea una de las exigencias más importante, que los devuelvan a sus penales de origen».
Trece años de negligencia y falta de acción
Este lunes, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) recordó que tiene más de una década registrando una crisis carcelaria sin precedentes, y apuntó que debido a que muchos presos han sido trasladados, la principal excusa para no llevarlos a las audiencias en tiempo y forma hacia estos tribunales es que no hay transporte o gasolina: «Hay casos en los que los presos tienen hasta 40 diferimientos de audiencia en un lapso de dos años y otros a los que se les interrumpe el juicio», suscribe nota en su página web.
Denuncian que si los familiares deciden costear con los gastos para ejecutar el traslado, se encuentran con otros problemas como la falta de luz en los tribunales, la escasez de recursos materiales, la ausencia de un fiscal del Ministerio Público o del mismo juez, lo que hace que se difiera la audiencia.
«Esta dramática situación vulnera el derecho fundamental de toda persona a un juicio justo y rápido, consagrado en la Constitución nacional y en diversos tratados internacionales de derechos humanos. Además, como si el retardo procesal fuera poco, los presos venezolanos también deben sobrevivir al hacinamiento, la violencia, la falta de acceso a servicios básicos y la corrupción por parte de los mismos funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios», condenó el observatorio.
«Hablamos de negligencia y falta de acción por parte de las autoridades cuando durante 13 años de gestión, que se cumplen el próximo 26 de Julio, se les ha hecho imposible mejorar las condiciones de vida dentro de las cárceles. Esto incluye la falta de atención médica, la insuficiencia alimentaria, la inexistencia de programas de rehabilitación y la ausencia de medidas para garantizar la seguridad de los reclusos».
Es un hecho que las cárceles venezolanas son descritas como “infiernos en la tierra” o “universidades del delito”, donde los reclusos enfrentan situaciones extremas de violencia, enfermedades y abuso, agregó.