Empresas deberán contribuir con el equivalente al 15% de la nómina integral para pensiones
El proyecto de Ley Especial de Protección de Pensiones ha generado un intenso debate en Venezuela desde que Nicolás Maduro lo propuso. Según el proyecto, las empresas deberán destinar hasta un 15% de su nómina integral mensual como contribución al sistema de pensiones, una medida que provocó reacciones diversas en el sector empresarial.
El proyecto establece que ninguna empresa podrá calcular la contribución con una base de ingreso por trabajador inferior al salario integral indexado de 130 dólares mensuales. Además, se aclara que esta obligación afectará a todas las empresas con actividad económica en el país, sin importar su domicilio fiscal.
Una de las características más discutidas del proyecto es la delegación al Presidente o Presidenta de la República para ajustar anualmente el porcentaje de contribución, lo que permite cierta flexibilidad pero también genera incertidumbre entre los empresarios.
Se establece un límite máximo del 15% de la nómina integral, lo que sugiere la posibilidad de negociaciones para establecer tasas más manejables. El artículo 8 del proyecto prevé incluso la exoneración de empresas por parte del presidente, bajo ciertas condiciones y categorías específicas.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ha liderado el acercamiento con los gremios empresariales, destacó la necesidad de equilibrar la carga de la seguridad social, que actualmente recae en gran medida en el Estado. En su discurso ante la Asamblea Nacional, Rodríguez hizo un llamado a la responsabilidad social de los empresarios.
Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Desde sectores políticos y económicos se cuestiona la necesidad y la transparencia en la administración de estos recursos. El economista José Guerra señaló a Banca y negocios que esta contribución esencialmente se traducirá en un impuesto a la nómina, con repercusiones en los precios y una posible falta de garantías sobre su gestión.
La discusión sobre esta ley refleja tensiones profundas en el panorama económico venezolano, donde la presión fiscal ya es considerable para las empresas. Aunque el Gobierno argumenta que el objetivo es redistribuir el crecimiento para beneficiar a los más vulnerables, las preocupaciones sobre el impacto en la economía y la transparencia en la gestión de los fondos continúan siendo temas centrales en el debate parlamentario.
