Venezolanos en el exterior quieren votar en presidenciales, pero no cumplen con requisitos

Giovanny Tovar salió de Venezuela hace cinco años en busca de empleo, después de que su país se sumió en una crisis bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro. Ahora vende empanadas y tequeños en las calles de Lima, la capital de Perú, por donde empuja un pequeño carro equipado con una freidora.

Lo único que Tovar quiere es votar para sacar a Maduro del poder. Él ve una oportunidad para el cambio en las muy anticipadas elecciones presidenciales de julio, pero no podrá votar. Millones de emigrantes venezolanos tampoco podrán hacerlo debido a los costosos y tardados prerrequisitos del gobierno que no aparecen en ningún lado dentro de las leyes electorales de Venezuela.

“De verdad que no entiendo por qué nos ponen tanta traba en el camino para nosotros ejercer nuestro voto”, dijo Tovar, al tiempo que señaló quién, según los migrantes, es el principal sospechoso de los engorrosos trámites. “Y de verdad que yo quisiera votar, pero para no darle el voto a Maduro”.

Se calcula que más de la mitad de los cerca de 7,7 millones de venezolanos que abandonaron su país durante la compleja crisis que ha caracterizado a los 11 años de presidencia de Maduro están registrados para votar en Venezuela. Pero de todos los venezolanos dispersos por el mundo, incluidos aquellos que emigraron antes de la crisis, las cifras oficiales muestran que apenas 107.000 están registrados para votar fuera del país.

Los analistas y emigrantes aseveran que, de tener la oportunidad, casi todas las personas que salieron de Venezuela durante la crisis votarían en contra de Maduro, quien se convirtió en presidente interino tras la muerte de Hugo Chávez en 2013 y ahora busca su tercer periodo al mando.

La ley venezolana contempla el voto por correo, el cual permite a ciudadanos sufragar en embajadas y consulados. Los interesados deben registrarse correctamente con su dirección en el extranjero y no pueden vivir en el país que los alberga de forma ilegal ni solicitar estatus de refugiado o asilo allí.

El requisito de residencia es suficiente para reducir significativamente el número de personas que pueden registrarse ya que la mayoría de los migrantes carecen de estatus legal. Durante el periodo de registro de este año, el cual termina el martes, incluso quienes tienen residencia temporal en los países que los recibieron, están siendo rechazados por funcionarios consulares debido a que las misiones diplomáticas exigen pruebas de estatus permanente.

“Documentos de Residencia Permanente emitidos por el país de acogida” deben demostrar la “vigencia del documento… de por lo menos 3 años a la fecha actual” y “deben haberse expedido con 1 año de antelación mínimo”, de acuerdo con un folleto colocado fuera del consulado venezolano en Bogotá, la capital de Colombia. Sin embargo, la ley electoral de Venezuela únicamente establece que los interesados “posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”.

Perú le otorgó a Tovar residencia temporal, no permanente.

Para complicarle todavía más el asunto a algunos interesados en votar, existe el requisito de tener pasaporte venezolano, cuyo costo es excesivo y actualmente tarda de semanas a meses en procesarse.

María Córdova y su familia, quienes se mudaron a México hace 18 años, participaron en las primarias presidenciales de octubre y votaron por la facción opositora que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Dicha elección fue organizada por una comisión independiente al Consejo Nacional Electoral, el cual es leal al partido gobernante de Venezuela. La comisión permitió que los interesados en votar, como Córdova, pudieran registrarse por internet y eventualmente se alcanzaron más de 200.000 registros en todo el mundo.

Cuando llegó el momento de emitir el voto, Córdova viajó de Cancún a la Ciudad de México, en donde los organizadores de las primarias instalaron un centro de votación. Ahora, Córdova quiere votar en contra de Maduro el 28 de julio, pero no ha recibido el pasaporte que intenta renovar desde el año pasado.

“Es plan con maña, porque para hacer la solicitud necesitas pagar”, dijo Córdova en referencia al proceso de renovación de pasaporte.

Las encuestas indican que una abrumadora mayoría de los venezolanos quieren ir a las urnas y, si llegan a tener la oportunidad, derrotar a Maduro.

Cálculos oficiales indican que unos 36.000 de los 107.000 venezolanos que están registrados correctamente para votar en el extranjero viven en Estados Unidos. Ahí se enfrentan a un obstáculo infranqueable: los consulados en donde comúnmente irían a votar están cerrados debido a que Venezuela y Estados Unidos cortaron lazos diplomáticos después de la reelección de Maduro en 2018.

Esa contienda fue ampliamente considerada como fraudulenta y convirtió a Maduro en un paria. Las esperanzas de unas elecciones presidenciales más democráticas aumentaron brevemente en octubre, cuando Maduro y la facción opositora responsable de llevar a cabo las primarias acordaron trabajar en conjunto para establecer condiciones electorales parejas.

Entre los problemas que se tenía previsto que ambas partes resolvieran está la actualización del padrón electoral. Pero ni este ni otros cambios llegaron a concretarse después de que el gobierno de Maduro empezó a cuestionar la esencia, aunque no precisamente el texto, del acuerdo, como la prohibición a la candidatura presidencial de la influyente opositora María Corina Machado —quien ganó las primarias—, el arresto de parte de su personal, y la apertura de causas penales en contra de los organizadores de las primarias.

Christopher Sabatini, investigador de Chatham House en Londres, dijo que la oposición podrá quejarse de los obstáculos a los que se enfrentan los migrantes, pero es poco probable que priorice la votación en el extranjero dados los desafíos a los que se enfrentan dentro del país.

“Todavía hay muchas personas en Venezuela que nunca han votado, que alcanzaron la mayoría de edad, e involucrar a esas personas en el ejercicio democrático es una mayor prioridad para la oposición”, señaló Sabatini.

La mayoría de las personas que han salido de Venezuela en la última década se establecieron en otros países de Latinoamérica y el Caribe. Colombia alberga al mayor contingente, con más de 2,8 millones de venezolanos en todo el país.

Una de las principales barreras que los venezolanos aseguran que enfrentan es el rechazo de los funcionarios consulares a aceptar como prueba de estatus legal el Estatuto Temporal de Protección — un documento emitido por el gobierno colombiano para darles acceso al sistema de atención médica, educación y empleo.

Nicole García, quien forma parte del grupo comunitario de venezolanos en Barranquilla, dijo que solicitar documentos con los que la mayoría de los migrantes no cuentan es una forma en que los consulados buscan limitar la participación y la transparencia en las elecciones.

Los cónsules “son personas que hacen parte del gobierno o que hacen parte del régimen”, señaló.