La lucha contra la delincuencia, el foco en común para las fiscalías de Venezuela y Rusia
Los fiscales generales de Venezuela y Rusia, Tarek William Saab e Igor V. Krasnov, respectivamente, firmaron este jueves en Caracas un convenio de cooperación para la lucha contra la delincuencia.
En un acto televisado, Saab explicó que el documento es «una actualización y adecuación a los nuevos tiempos y nuevas formas delictivas» de un compromiso firmado en 2007.
«El eje central de este acuerdo es la protección de los derechos y libertades humanas», aseguró el venezolano, que rechazó «las campañas de propaganda transnacional negativa que potencias mundiales hacen» contra los dos países.
«Los delitos que combatimos ambas instituciones tienen muchas semejanzas, por eso es importante el intercambio de experiencias», remarcó.
#HOY… realizamos en la sede del Ministerio Público @MinpublicoVEN un importante encuentro bilateral con el Fiscal General de Rusia Igor Krasnov:
con quien firmamos un #acuerdo de #cooperación para avanzar unidos en la lucha contra el delito trasnacional, el terrorismo, la… pic.twitter.com/YpmRpAUJfY
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 18, 2024
En este sentido, señaló que la cooperación abarcará la «lucha contra los delitos más peligrosos», entre los que mencionó el terrorismo, la corrupción, el crimen organizado y los relacionados con tecnologías de la información y con el uso de monedas digitales.
Por su parte, Krasnov, que llegó al país sudamericano el miércoles en la noche, explicó que a través de este acuerdo se concretará la formación de fiscales venezolanos en universidades rusas.
El funcionario también se reunió con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Caryslia Rodríguez, con el objetivo de «ampliar y fortalecer los lazos de cooperación interinstitucional en el ámbito judicial entre las dos naciones», según indicó la corte en una nota de prensa.
El martes pasado, el fiscal ruso firmó en La Habana un programa de cooperación con Cuba que incluye, entre otras cuestiones, la «asistencia jurídica» en casos penales y «el uso de las tecnologías digitales», según informó la embajada euroasiática en la isla.
