España: Fiscalía pide archivar investigación a esposa de Pedro Sánchez
La Fiscalía Provincial de Madrid solicitó archivar la investigación abierta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El autodenominado sindicato Manos Limpias, de ultraderecha, interpuso ayer la demanda ante un juzgado de Madrid, aunque admitió hoy que su acción se basó en una noticia del medio digital El Confidencial en la que se afirmaba que un tribunal de Madrid abrió una investigación preliminar contra Gómez. Ahora dicen que la veracidad o no de las acusaciones sería responsabilidad de quienes las publicaron.
La denuncia provocó la decisión de Sánchez de cancelar su agenda hasta el lunes 29 de abril para reflexionar sobre su continuidad o no al frente del Ejecutivo español.
Según informaron fuentes fiscales, la Fiscalía recurrió directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juzgado que admitió a trámite la denuncia de Manos Limpias y pidió que se revoque y se archive la causa.
El Ministerio Fiscal argumenta que no hay indicios de delito que justifiquen la apertura de un procedimiento penal contra la mujer de Sánchez, precisaron a EFE fuentes conocedoras del caso.
El escrito presentado por el autodenominado sindicato señala que, prevaliéndose de su condición, Begoña Gómez habría recomendado o avalado con su firma a empresarios que se presentan a licitaciones públicas.
Además, indicó que uno de los empresarios que resultó adjudicatario de licitaciones de 10 millones de euros organizó más tarde un máster que dirige la mujer de Sánchez en el Africa Center, del centro de estudios Instituto de Empresa.
Según la denuncia de Manos Limpias, la compañía aérea española Air Europa “pactó pagar 40.000 euros al año al Africa Center de la denunciada” y que “el acuerdo entre Globalia (propietaria de la aerolínea) y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para la denunciada y su equipo”.
En un comunicado remitido este jueves a los medios su secretario general, Miguel Bernad, plantea que, al ver que la Fiscalía “no actuaba de oficio”, decidió denunciar para que un juzgado “comprobara la veracidad de las mismas” y asegura que ha ejercido “un derecho y un deber ciudadano”.
Ahora le corresponde al juez, dice, comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no.
En la nota, Bernad ve “inaceptable” la reacción de Sánchez al tacharlos de “organización ultraderechista” y dar a entender que forman parte “de una campaña derechista contra él, lo cual, dijo, es falso”.
Tras comunicar Sánchez a los ciudadanos a través de una misiva en la red social X su decisión, los miembros del Gobierno y otros dirigentes socialistas y de formaciones de izquierdas le mostraron su apoyo.
Mientras, la oposición conservadora y de la extrema derecha (Vox) coinciden en acusarlo de “victimista”.
El líder del principal partido de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, acusó el al presidente de dar un “espectáculo” ante los ojos del mundo al amenazar con dimitir tras la apertura de una investigación judicial sobre su esposa.
“Un presidente digno de nuestra nación no la somete al bochorno internacional como el que estamos viviendo”, prosiguió, estimando que el mandatario socialista “ha puesto en marcha una operación de supervivencia política” para “movilizar a la gente bajo compasión, porque ya no puede hacerlo por su gestión”, dijo a la prensa española.
La decisión de Sánchez llega en un escenario político complejo en España, a dos semanas de las elecciones regionales catalanas, cuya campaña empieza hoy, y con las europeas en junio.
El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias es un “sindicato” fundado en 1995 por Miguel Bernad que ha interpuesto todo tipo de denuncias ante lo que considerara corrupciones políticas o económicas con lesión para el interés general.
Berard fue recientemente absuelto por el Tribunal Supremo tras ser condenado por la Audiencia Nacional española por extorsionar a bancos y empresas.
El autodenominado sindicato sentó en el banquillo a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, en 2016, en el juicio contra el entonces marido, Iñaki Urdangarín, por dos delitos contra la Hacienda Pública de los que resultó absuelta.
