Alto Comisionado tildó de «incoherente» que Maduro haya expulsado a sus funcionarios del país
La mañana de este martes, la Oficina del Alto Comisionado DDHH-ONU manifestó su “preocupación” por la decisión de Venezuela de expulsar a sus funcionarios del país y tildó la medida de incoherente.
Así lo expresó la alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos, Nada Al-Nashif, durante la 55 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentando la actualización de su informe sobre la situación en Venezuela.
Aaeguró que estas medidas son incompatibles con los términos de la Carta de Entendimiento acordada con el Gobierno y expresó su «profundo pesar por la decisión del Gobierno de Venezuela de suspender las actividades de nuestra Oficina. La medida como es incoherente debido a que durante los últimos años la Oficina de la ONU ha trabajado conjuntamente con el gobierno venezolano, viendo avances en algunos casos».
Precisó que como parte de la cooperación con las autoridades desde 2019, la Oficina emitió recomendaciones sobre las condiciones de detención, realizó talleres para funcionarios estatales sobre obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; revisó y formuló comentarios a proyectos de ley, así como también apoyó la elaboración de directrices para la investigación de delitos contra la vida y la integridad física; y recientemente ha ampliado las esferas de cooperación al Ministerio de Pueblos Indígenas.
Mucho por hacer
Nada Al-Nashif afirmó que se han producido cambios positivos, pero aún queda mucho por hacer.
«Por ejemplo, mientras que las protestas relacionadas con el disfrute de los derechos sociales y económicos han persistido durante todo el año, nuestra Oficina no ha registrado incidentes de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios o las funcionarias encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, me preocupan los casos de arrestos y detenciones arbitrarias, despidos del empleo o restricciones en su acceso a las prestaciones sociales, como consecuencia de la participación en tales manifestaciones».
Subrayó que el país entra en un ciclo electoral, con elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio de este año, y le preocupan mucho las medidas para restringir indebidamente el espacio cívico y democrático, incluidos los casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición.
«Los derechos humanos, como la libertad de expresión, reunión y asociación, y un entorno seguro son condiciones esenciales para los procesos electorales y deben protegerse. Reitero los llamados anteriores para que los procesos electorales nacionales de Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos. Las personas defensoras de derechos humanos siguen enfrentándose a la represión, la detención arbitraria y las amenazas, entre ellas Javier Tarazona y Rocío San Miguel».
Exhortó a las autoridades para que se abstengan de adoptar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela, que incluso podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital.
En este mismo orden de ideas, instó a que se cumpla de buena fe los Acuerdos de Barbados. Manifestó su satisfacción por la liberación de 34 personas como producto de estos acuerdos, pero lamentó que muchos de ellos todavía estén bajo régimen de presentación.
«En 2023 nuestra Oficina registró 69 liberaciones de personas seguidas por el equipo en el país, de las cuales nueve tuvieron decisiones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Pido su liberación total, así como una vez más, la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente».
Apuntó que desde enero de 2023, el ACNUDH ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad en el contexto de la detención. Estas personas fueron detenidas por funcionarios del Estado y permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas. Durante este período, hubo una negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento del destino o su paradero. La mayoría de las personas se enfrentaron posteriormente a cargos relacionados con conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición y lavado de dinero.
«Si bien el Estado tiene el deber de mantener el orden público, todas las medidas deben ser compatibles con el derecho internacional, incluida la conformidad de la legislación penal con los principios de legalidad y seguridad jurídica. Esto incluye a todos los presuntos responsables de actos de violencia o intentos de promoción de la violencia. Ellos también deben tener un juicio justo y el debido proceso de conformidad con el derecho internacional».
» Nuestra Oficina reconoce los esfuerzos de las autoridades para combatir la criminalidad y reducir las tasas de homicidios en el último año, observando una disminución de los asesinatos en el contexto de las operativos de seguridad desde 2019. También acojo con beneplácito la reciente sentencia contra un exmiembro de la Policía Nacional Bolivariana en un caso de muerte en un operativo de seguridad en 2018″.
Insistió en que las autoridades deben intensificar sus esfuerzos para hacer frente a la impunidad en todos los casos de violaciones de derechos humanos.
«La Oficina ha recibido denuncias de malos tratos infligidos a detenidos por agentes de servicios de seguridad o de inteligencia, algunas de las cuales podrían constituir tortura. Es particularmente preocupante la falta de avances en la investigación de los casos de personas indígenas Yukpa en el estado Zulia por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana».
Desde la última actualización de este Consejo, en julio de 2023, la Oficina ha realizado siete visitas a centros de detención, con el apoyo de las autoridades venezolanas, elevándolas a un total de 70 visitas realizadas desde 2019. Las autoridades han tomado medidas para hacer frente a los problemas críticos relacionados con la privación de libertad, como abordar las demoras judiciales y el hacinamiento en los centros de detención preventiva. Aliento a las autoridades a que adopten nuevas medidas para mejorar las condiciones de detención, el acceso a alimentos y agua adecuados, y a la salud.
