Venezolano vinculado a red de corrupción de Alex Saab recibió indulgencia en EE. UU.

Un empresario venezolano que ayudó a ocultar casi 17 millones de dólares en pagos de sobornos por parte de un aliado del presidente Nicolás Maduro fue sentenciado el viernes a seis meses de prisión por un juez federal que expresó su frustración porque su cooperación con las autoridades fue deshecha por el presidente Joe Biden tras el reciente indulto de a un importante objetivo criminal de Estados Unidos.

Orlando Contreras venía trabajando con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos desde 2019 para investigar la corrupción en la nación sudamericana.

Como parte de esa asistencia, dijeron los fiscales, realizó varios viajes peligrosos a Venezuela para reunir pruebas contra el empresario Alex Saab y el exgobernador José Vielma.

Saab y Vielma habían sido blanco de un programa secreto de espionaje expuesto por The Associated Press en el que la DEA envió informantes encubiertos a Venezuela para registrar subrepticiamente y presentar cargos penales contra el círculo íntimo de Maduro.

Posteriormente, ambos hombres fueron acusados ​​de casos de corrupción separados. Pero mientras Vielma sigue prófugo, Estados Unidos liberó a Saab en diciembre como parte de un intercambio por 10 estadounidenses y un contratista de defensa del Pentágono que habían sido encarcelados en Venezuela.

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Rodolfo Ruiz, dijo que lo convencieron de conceder a Contreras incluso más indulgencia de la recomendada por el gobierno debido a los riesgos que asumió en la persecución de Saab, quien alguna vez fue uno de los principales acusados ​​criminales, pero ahora alguien que, instalado en Venezuela, es poco probable que alguna vez enfrente justicia en Estados Unidos nuevamente.

“Todos se fueron de la ciudad”, dijo Ruiz, “y él es el único que decidió quedarse y enfrentar la justicia”.

Saab, de 52 años, fue recibido en diciembre como un héroe por Maduro e inmediatamente se lanzó a una diatriba contra Estados Unidos, alegando que había sido torturado mientras esperaba la extradición de Cabo Verde en un intento por obligarlo a volverse contra Maduro.

Su liberación fue vista como una importante concesión a Maduro mientras la administración Biden busca mejorar las relaciones con la nación de la OPEP y allanar el camino para elecciones más libres. Ese objetivo parece más difícil de alcanzar que nunca, ya que Maduro se niega a levantar la prohibición impuesta a su principal rival, María Corina Machado, de postularse para cargos públicos y arrestar recientemente a opositores.

Contreras, al declararse culpable el año pasado, admitió haber recibido casi 17 millones de dólares entre 2016 y 2019 para facilitar sobornos a cambio de 1.600 millones de dólares en contratos gubernamentales otorgados a Saab y a un socio para importar cajas de medicamentos y alimentos en un momento de hambre generalizada en el país. Como parte del presunto plan, los co-conspiradores inflaron los precios de los productos básicos cobrados al gobierno de Venezuela, utilizando la cantidad extra para pagar sobornos a los funcionarios.

Contreras dijo que sirvió como intermediario de Vielma, transfiriendo alrededor de $11 millones a cuentas en el extranjero por orden del entonces gobernador. Se quedó con la cantidad restante, pero ahora se la está entregando al gobierno de Estados Unidos. Hasta la fecha, ha entregado 650.000 dólares, dos relojes de lujo y está liquidando otros 100.000 dólares, dijeron sus abogados en el tribunal el viernes.

«El gobierno quiere castigar a una de las pocas personas que realmente cooperó, mientras que el objetivo no enfrenta castigo y recibe elogios en Venezuela», dijo uno de los abogados de Contreras, Martín Steinberg, al abogar por una sentencia aún más leve de arresto domiciliario.

Contreras rompió a llorar al relatar dos extenuantes episodios de secuestro en Venezuela en los que dijo que fue golpeado y sufrió abuso sexual, heridas que, según dijo, se reabrirían si lo encerraran.

“Vivo todos los días con miedo de que me pueda volver a pasar”, le dijo al juez.

Sin embargo, Ruiz dijo que se justificaba al menos algo de tiempo en prisión para disuadir a otros de participar en esquemas de corrupción extranjeros tan sofisticados.

Los abogados de Contreras describieron su cooperación como “extraordinaria”, que se extendió por más de cuatro años e incluyó llamadas telefónicas dirigidas por la DEA a objetivos y al menos dos viajes arriesgados a Venezuela para avanzar en las investigaciones criminales de Estados Unidos.

Sin embargo, se desconoce el alcance total de su cooperación, ya que el relato de ambos fiscales y un memorando de sentencia de 76 páginas presentado por los abogados de Contreras permanecen bajo sello.

«Es justo decir que la información que corroboró que proporcionó fue muy útil», dijo el viernes ante el tribunal el fiscal federal Alexander Kramer. “Viajó a Venezuela para intentar cooperar por voluntad propia. No fue solicitado por el gobierno”.