The Washington Post: Maduro rompió una promesa y EE. UU. debe responder
El presidente Nicolás Maduro ha incumplido el acuerdo que firmó el año pasado con la oposición para celebrar elecciones libres y justas este año, y ha intensificado la persecución de sus críticos y adversarios políticos. La administración Biden, que había levantado algunas sanciones a cambio del compromiso de Maduro, ahora se enfrenta a la presión de volver a imponerlas.
Según un editorial del diario estadounidense The Washington Post, el acuerdo electoral, alcanzado en Barbados en octubre de 2023, establecía que Maduro garantizaría a todos los candidatos opositores libertad de movimiento y reunión, así como igualdad de acceso a los medios de comunicación. Sin embargo, Maduro ha actuado como si el acuerdo nunca hubiera existido, y ha prohibido postularse a varios líderes opositores, entre ellos María Corina Machado, quien ganó las primarias para encabezar la coalición de la Plataforma Unitaria.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha denunciado que el proceso judicial contra Machado fue una farsa, y que ella no recibió una copia de las acusaciones en su contra ni se le dio la oportunidad de responder a ellas. El secretario de Estado, Antony Blinken, exigió el 18 de octubre que Maduro definiera un cronograma y un proceso específicos para la reinstalación acelerada de todos los candidatos. Blinken también pidió que Venezuela liberara a todos los ciudadanos estadounidenses y prisioneros políticos venezolanos detenidos injustamente.
En lugar de cumplir con las demandas internacionales, Maduro ha intensificado la represión. El arresto de Rocío San Miguel, activista de derechos humanos y crítica del gobierno, es un claro ejemplo de la creciente ola de persecución. Las acusaciones de conspiración y traición sin pruebas concretas han sido presentadas contra ella y otros, revelando un patrón coordinado para silenciar a críticos y supuestos opositores, según una misión independiente de investigación de las Naciones Unidas en Venezuela.
La situación ha llevado a más de 200 organizaciones de la sociedad civil venezolana a denunciar la detención arbitraria y desaparición forzada de San Miguel, exigiendo su liberación. La orden de Venezuela de suspender las operaciones de la oficina local de derechos humanos de la ONU y expulsar a su personal refleja el rechazo del gobierno a la vigilancia internacional. Maduro, lejos de cumplir con su discurso televisado sobre la esperanza de salvar los acuerdos de Barbados, ha dejado claro que no permitirá una competencia real en las elecciones de este año, presentando un desafío a la democracia en el país.
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