Elisa Trotta pidió que Argentina endurezca acciones contra el chavismo
La situación política y social de Venezuela sigue generando preocupación y movilización entre los venezolanos que viven en el exilio, especialmente en Argentina, donde residen más de 200 mil. Ante la falta de una postura firme del gobierno de Javier Milei frente al gobierno de Nicolás Maduro, la activista Elisa Trotta Gamus le solicitó a la canciller Diana Mondino que la Argentina se sume a la denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el mandatario venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Trotta Gamus, que fue reconocida como embajadora de Venezuela por el gobierno de Mauricio Macri, pero que perdió ese estatus con la llegada de Alberto Fernández al poder, se reunió a principios de mes con la cúpula de la Cancillería y les planteó la necesidad de que la Argentina vuelva a respaldar el pedido de investigación que presentaron en 2018 seis países americanos: Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá. Esa denuncia fue desestimada por el gobierno de Fernández, que consideró que “el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo”.
Sin embargo, la realidad venezolana muestra lo contrario. El gobierno de Maduro ha intensificado su represión contra los partidos de la oposición, rompiendo el diálogo que se había iniciado en Barbados, y ha lanzado una ola de detenciones y pedidos de cárcel para activistas dentro y fuera del país. Además, ha proscrito electoralmente a la principal candidata opositora, María Corina Machado, que lideraba las encuestas de cara a las elecciones previstas para este año.
Ante este escenario, Trotta Gamus también le pidió a Mondino que Argentina ayude “a presionar junto al resto de la comunidad internacional para que se cumpla el acuerdo de Barbados y que haya elecciones realmente libres y transparentes en Venezuela, así como la inmediata liberación de más de 300 presos políticos constantemente torturados”. Según fuentes consultadas por Clarín, la canciller se mostró receptiva a los planteos de la diplomática venezolana, pero no se comprometió a tomar ninguna medida concreta.
Por su parte, el gobierno de Milei, que asumió el poder en diciembre pasado tras derrotar al kirchnerismo, ha mantenido una posición ambigua respecto a Venezuela. Por un lado, ha calificado a Maduro de “dictador” y ha criticado su gestión económica y social. Por otro lado, ha evitado designar un embajador en Caracas y ha optado por enviar un encargado de negocios, que sería el diplomático Andrés Mangiarotti. Además, ha mantenido una distancia con el Grupo de Lima, que impulsó una política de aislamiento y sanciones contra el chavismo.
Esta actitud cautelosa del gobierno de Milei contrasta con la de la comunidad de venezolanos en el exilio argentino, que reclama una mayor dureza con el gobierno de Maduro.
