Bonos de Pdvsa se desploman por incertidumbre sobre su validez
Los acreedores de la petrolera estatal venezolana PDVSA podrían ver frustradas sus expectativas de cobrar sus deudas, luego de que un tribunal de apelaciones de Nueva York decidiera aplicar la legislación venezolana para determinar la validez de los bonos emitidos por la empresa en 2016.
Según el reportaje de Bloomberg, el tribunal estadounidense consideró que “ciertas disposiciones de la Constitución de Venezuela son relevantes para la validez de los títulos”, lo que abre la puerta a que se tome en cuenta el argumento de la junta ad hoc de PDVSA, nombrada por la oposición venezolana, que sostiene que la deuda no es válida porque nunca fue aprobada por la Asamblea Nacional.
Esta decisión judicial provocó una caída en el valor de los bonos 2020, que pasaron de costar 0,9 dólares a alrededor de 0,79, según operadores que hablaron con Bloomberg bajo condición de anonimato. Estos bonos están respaldados en 50,1 % por las acciones de Citgo, la filial estadounidense de PDVSA, y sus acreedores esperaban que estas se pusieran en venta pronto por orden de otros tribunales de EE. UU.
Sin embargo, el futuro del mayor activo venezolano en el extranjero sigue siendo incierto, ya que el caso podría ser remitido a otra corte de Nueva York para que resuelva la demanda presentada por PDVSA y PDV Holding, considerando la Constitución venezolana y los acuerdos emitidos por la Asamblea Nacional, según explicó el abogado José Ignacio Hernández, quien fue procurador del extinto gobierno interino de Juan Guaidó.
Para otros expertos, la situación es menos clara y sin fecha de resolución. “La duración de este proceso legal es incierta, y su impacto en la subasta de Citgo sigue sin estar claro”, dijo Ricardo Penfold, director gerente de Seaport Global, quien agregó que “los bonos deberían ser válidos, la cuestión es cuándo”.
Además, un tribunal de Delaware prepara de manera separada una subasta de acciones de PDV Holding, la única accionista indirecta de Citgo, cuyas ganancias deben utilizarse “para pagar a los acreedores previamente autorizados por el tribunal”.
Así, el asunto navega en la incertidumbre, mientras la justicia estadounidense pone el ojo sobre la legislación venezolana y la AN electa en 2015.
