«Acciones contra la ONU reducen garantías de una transición pacífica para Maduro»

Política | febrero 16, 2024 | 8:34 am | .

La candidata de la oposición democrática, María Corina Machado condenó la decisión de Nicolás Maduro de expulsar de Venezuela a la Oficina del Alto Comisionado para los ddhh y afirmó que esta acción y la escalada contra la oposición y miembros de la sociedad civil, traerán consecuencias.

En un comunicado en sus redes sociales, Machado expresó que la decisión anunciada este jueves por el canciller Yvan Gil, constituye un gravísimo hecho que engrosa la lista de delitos del oficialismo.

«Se da en el contexto de una ola represiva que comenzó hace semanas con el objetivo de impedir elecciones presidenciales libres y transparentes. Mientras pretenden intimidad a los ciudadanos sembrando terror», suscribe el texto.

Subrayó que es Maduro quien viola los Acuerdos de Barbados para alejar a la gran mayoría del cambio político por la vía electoral: «Sabe que esa mayoría lo repudia y por eso le teme, por eso actúa a través del acoso, la persecución, la represión, la tortura y el hostigamiento contra dirigentes políticos, gremiales, activistas de ddhh, organizaciones de la sociedad civil y demás actores».

«El patrón de desaparición forzada y arremetida brutal son agravantes que no prescribe y que alejan a Maduro y a su régimen de las garantías que deben brindar para una transición ordenada y pacífica. Este comportamiento tiene consecuencias», sentenció.

Sostuvo que esta nueva «arbitrariedad» de Maduro dificulta el acceso a la información veraz, el acompañamiento a la sociedad civil y protección de víctimas. Al tiempo que vaticinó que podría ser el inicio de una escalada aún mayor de persecución.

«Sin embarho, no nos cabe duda y nos reafirma que nosotros avanzamos por el camino correcto cuando el régimen apela a estas medidas».

Hizo un llamdo a la reflexión al mundo democrático y cuestionó: «¿Van a permitir que en Venezuela se pierda la oportunidad de un cambio político pacífico con el que millones nos hemos comprometido y hemos expresado ejemplarmente en los últimos meses? ¿Van a callar frente a una clara conducta que ha hecho que el régimen inclumpa los acuerdos y su palabra, a pesar de que el resto de los actores hemos cumplido la nuestra?».

Aseveró que hoy el riesgo es mayor, pero reiteró que seguirá firme en su objetivo: organizar al país para las elecciones de este año, liberar todos los presos políticos y hacer justicia.

«De la comunidad internacional depende que podamos hacer con protección y acompañamiento, o que nos toque hacerlo solos, con las implicaciones y los costos que eso puede conllevar».

Cancillería le da 72 horas al personal de la ONU para abandonar el país

El canciller de la República , Yvan Gil anunció este jueves que el Gobierno de Venezuela suspende la actividad de la Oficina del Alto Comisionado de Los Derechos Humanos de la ONU y ordena la salida de sus funcionarios del país en 72 horas.

«Se solicita al personal abandonar el país en 72 horas hasta que no rectifiquen su actitud», expresó.

Además de suspender las actividades de esta oficina técnica, establecida desde septiembre de 2019, el Gobierno señaló que hará una “revisión integral de los términos de cooperación” acordados con esta organización en los próximos 30 días y ordenó la expulsión de 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que operan en Caracas.

Venezuela “solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en la siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas”, dice el comunicado, leído ante periodistas por el canciller, Yván Gil.

El ministro explicó que esta decisión responde al “impropio papel que esta institución ha desarrollado”, actuando con parcialidad y como el “bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.

Venezuela considera “sesgada” a la oficina de la ONU

Desde la firma de la carta de entendimiento, en 2019, la oficina “ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la constitución”, prosigue el escrito.