Provea exige que se detenga la ley contra las ONG´s: “Es momento de unión y organización”

El abogado de la ONG Provea, Eduardo Torres se pronunció ante el Proyecto de  Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines (ONG´s), cuyo fin es supervisar el funcionamiento de este tipo de instituciones que hacen vida en el país.

“De pocos años para acá, uno ve como hay gente de otros sectores que se presta para avalar políticas y situaciones antidemocráticas, pero como es una situación nueva, extraña y no se ha sabido cómo abordar esas colaboraciones”, señaló Torres.

Ante esto, el abogado considera que la mejor respuesta  “debe ser la articulación de los que estén dispuestos a impulsar uniones de trabajo, redes de defensa orgánica, con mayor compromiso ante la situación actual”.

Asimismo, indicó que es el momento de la “unión” y la “organización” para no permitir que el gobierno de Nicolás Maduro prosiga con esa ley.

“Defendemos o perdemos. Este es un régimen con debilidades que se  apoya en las amenazas, por otro lado  un pueblo con fortalezas, resistencia y decisión de cambio, solo necesitamos ordenar y afianzarnos desde la dignidad”.

Contexto

Esta ley fue aprobada en primera discusión en enero de 2023, durante la sesión en el Parlamento, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello aseveró que esta ley busca revisar y hacerle seguimiento a las ONG´s que reciben financiamiento y no son supervisadas.

Además agregó que que una investigación exhaustiva arrojó que en Venezuela funcionan 62 ONG´s y ninguna tiene fin social, sino político, lo que es un hecho contrario a las leyes de la República.

Reacción internacional

Por su parte, la Misión internacional independiente de la ONU determinó que esa ley debe ser sancionada, porque “puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela” así lo alertó Marta Valiñas, presidenta de esa misión.

Las investigaciones en curso de la Misión de la ONU evidencian que las ONG de promoción de derechos humanos que trabajan en Venezuela enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, tanto jurídicas como operativas, incluyendo en el aspecto clave de la financiación. Sin acceso a los fondos de la cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer.