José I. Hernández aclaró que Citgo no será embargada: «Quedan muchos meses de litigio»

José Ignacio Hernández, especialista de Aurora Macro Consulting, afirmó este martes que, la sentencia que dictó hace unas horas la Corte de Delaware no se traduce en el embargo de Citgo, y que esta medida no tiene ninguna incidencia relevante sobre el proceso de venta de la empresa venezolana refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina.

Fue este lunes cuando la agencia Reuters informó que el juez estadounidense Leonard Stark «concedió a un amplio grupo de acreedores vinculados a Venezuela el derecho a participar en la subasta de acciones de la matriz de la refinería Citgo Petroleum, con sede en Houston, que se celebrará en enero».

Lo que no se traduce en la pérdida de Citgo, remarcó Hernández:

«El proceso de venta de Citgo sigue su curso, de acuerdo con el cronograma fijado por la Corte de Delaware en la orden que rige a los procedimientos de la venta de las acciones de PDV Holding, Inc. La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de negar la revisión de las nuevas medidas de embargo en contra de las acciones, no tiene ninguna incidencia práctica en ese procedimiento», explicó.

Asimismo, precisó que de acuerdo al cronograma, la audiencia para decidir sobre la posible venta de las acciones se llevará a cabo el 15 de julio de 2024.

«Si la Corte ordena la venta, en todo caso, será necesario obtener una licencia de OFAC que autorice la transacción», acotó. «Por lo tanto, todavía quedan meses de litigio y diversas defensas que Venezuela, PDVSA, Citgo y los propios acreedores pueden presentar en este juicio, uno de los más complejos seguidos ante el sistema de justicia de Estados Unidos».

En este sentido, Hernández subrayó que todavía podría darse un acuerdo político que «salve» a Citgo del embargo.

«Más allá de esas defensas todavía pendientes, la solución de fondo pasa por un acuerdo para renegociar las reclamaciones privadas derivadas de la deuda pública externa de Venezuela, lo que a su vez requeriría de un acuerdo político, tal y como fue abordado en el acuerdo de Barbados celebrado el pasado 17 de octubre entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria».

Además, aclaró que la sentencia no aceptó a nuevos acreedores: «La sentencia resolvió una incendia más bien menor. No se dio luz verde a nada. El juicio sigue su curso normal».