Leocenis García pide al TSJ revisar su inhabilitación política

El líder de Prociudadanos, Leocenis García acudió este jueves al Tribunal Supremo de Justicia, para presentar una petición de medida cautelar contra la inhabilitación política que se le impuso en 2021, cuando se postuló a la Alcaldía de Caracas.

En declaraciones a la prensa tras salir del máximo tribunal venezolano, García expresó que es conocido por ser un opositor dedicado a la causa democrática, por lo que estuvo preso más de ocho veces durante los años en los que el chavismo ha ocupado Miraflores.

«Hace dos años cuando me postulé a la Alcaldía de Caracas fui inhabilitado, pese a que no soy funcionario público ni tengo sentencia en ningún tribunal, es decir que, no aplico para ser inhabilitado como lo denunciaron en 2021, los exrectores opositores del CNE Roberto Picón y Enrique Márquez«.

Explicó que su inhabilitación no tiene fundamanto legal ya que esta se ordenó bajo el argumento de que tiene sentencia en un tribunal venezolano, lo que es falso: «Yo no tengo ninguna sentencia, estoy investigado por una denuncia del diputado del PSUV Julio Chávez que me acusó de recibir dinero de banqueros del extranjero para desestabilizar al Gobierno, eso sigue en etapa de Control, ni siquiera ha llegado a juicio, yo no tengo sentencia».

García destacó el esfuerzo que han llevado a cabo durante los últimos años, las delegaciones del Gobierno de Maduro y la oposición de la Plataforma Unitaria Democrática, en la Negociación de México y Barbados.

«Vengo al TSJ porque debemos reconocernos mutuamente, los opositores que tenemos quejas sobre nuestra inhabilitación debemos reconocer a las instituciones, hay una resistencia de reconocernos en este país. Los opositores no queremos reconocer a las instituciones, y estas a veces olvidan que también somos venezolanos».

Desde su experiencia, animó a los más de 1200 inhabilitados políticos que hay en Venezuela a que asistan ante el TSJ.

«Es una contradicción que apoyemos a la Plataforma Unitaria que ha hecho un gran esfuerzo para que esto ocurra, y después no venir al TSJ», acotó.

Inhabilitaciones deberán resolverse en el TSJ tras avance en acuerdos de Barbados

El pasado 1 de diciembre, a pocas horas para que se venciera el lapso que fijó Estados Unidos, el Reino de Noruega informó que recibió de la Administración de Maduro un procedimiento para el cese de las inhabilitaciones de dirigentes de oposición que aspiren a ser candidato presidencial en las elecciones de 2024.

A través de su cuenta en X, antes Twitter, Noruega compartió el documento en el que destacó que cualquier dirigente inhabilitado por la Contraloría General deberá dirigirse a la Sala Político Administrativa del TSJ paraintroducir un recuso contencioso contra la medida que le impide postularse a cargos de elección popular.

El recurso deberá ser acompañado de una solicitud de amparo cautelar «a partir de este viernes hasta el 15 de diciembre de 2023″.

Según el acuerdo entre el oficialismo y la oposición democrática, la Sala Político Administrativa debe pronunciarse sobre la admisión de la demanda y el amparo con «celeridad y eficiencia».

Asimismo, instó a quienes aspiran el cese de la inhabilitación, evitar en el escrito y declaraciones públicas «incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del TSJ».

Otra cuestión que se señaló en el procedimiento es que cada uno de los interesados asume el compromiso de:

– Respetar la Constitución y las leyes.
– Cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación, recogido en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
– Acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso.
– Rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.