Misión ONU tiene «motivos razonables» para creer que las FAES siguen vivas
«Mismo musiú con diferente cachimbo»: este refrán popular ilustra a la perfección lo ocurrido con las polémicas FAES, cuya disolución en 2022, en supuesto acatamiento a las recomendaciones formuladas por la entonces alta comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, no fue tal.
La denuncia figura en el informe especial que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela presentó el pasado 20 de septiembre en Ginebra, Suiza, reportó este martes Acceso a la Justicia.
En el reporte, de 61 páginas de extensión, se afirma que el Gobierno venezolano no suprimió la instancia policial a la que distintas instancias nacionales e internacionales implicaban en casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias e ilegales, torturas y desapariciones forzadas, sino que simplemente le cambió el nombre y la rebautizó como Dirección de Actuaciones Estratégicas y Tácticas (DAET).
«La Misión también tiene motivos razonables para creer que existe una continuidad entre las FAES y la DAET», suscribe el documento, elaborado a partir de entrevistas con víctimas de los abusos cometidos por los agentes de la FAES, así como con exfuncionarios tanto de ese organismo como del no menos cuestionado Sebin.
La disolución de las FAES jamás se oficializó, por ello, desde el movimiento venezolano de DDHH la puso en duda desde el primer momento. En cambio, sí fue oficialmente inaugurada la DAET en julio de 2022, conformada por divisiones especiales de acción inmediata.
Motivos para sospechar
Una de las principales razones por las que la MDH cree que las FAES continúan operando, aunque bajo el nombre de DAET, es que «ambas instituciones tienen funciones similares y utilizan el mismo modus operandi».
A esta conclusión arribó la instancia de la ONU tras investigar siete de las llamadas operaciones Trueno, operativos contra el crimen organizado ejecutadas por agentes de la unidad especial desde 2022 y en las que contabilizó 72 fallecidos y 345 detenidos.
En este sentido, recibió información de que se produjeron irregularidades como:
– Acordonamiento de barrios (en zonas populares) con la orden a los vecinos de quedarse en sus casas.
– Los agentes fueron contra objetivos previamente seleccionados.
– Las acciones ocurrieron a primera hora de la mañana o a última de la noche.
-Los registros a las viviendas se realizaron sin órdenes judiciales.
-Las víctimas fueron separadas de sus familiares.
-Se registraron casos de maltrato.
-Muchos de los agentes que participaron en las acciones tenían la cara cubierta e iban vestidos de negro.
-Se registraron casos de hurto de bienes en las viviendas registradas.
-Los fallecidos en los operativos presentaban disparos a quemarropa en áreas vitales.
-Las autoridades presentaron los decesos como resistencias a la autoridad o enfrentamientos, aunque la última vez que los vieron, los testigos indicaron que las personas estaban inmovilizadas o desarmadas.
-La MDH no pasó por alto que la mayoría de estos procedimientos no arrojó la detención de ninguno de los criminales buscados por las autoridades.
Otra razón para sospechar que las FAES simplemente sufrieron un maquillaje es que muchos de sus integrantes, «algunos de los cuales fueron identificados como implicados en manifiestas violaciones de los derechos humanos e incluso en crímenes de lesa la humanidad, desempeñan ahora funciones clave dentro de la cadena de mando de la nueva Dirección». En el reporte se menciona a directivos de las FAES y que ahora están al frente de la DAET.
