La lucha contra la inflación la están dando con el hambre de la gente
En medio de la compleja situación económica que atraviesa Venezuela, uno de los temas que ha generado controversia recientemente es el incremento de la Unidad Tributaria. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ha anunciado un aumento significativo en su valor, pasando de 0,4 a 9,0 bolívares en el año 2023. Esta decisión ha generado diversas reacciones entre los contribuyentes y ha planteado nuevos retos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el país.
Venezuela ha experimentado una prolongada crisis económica caracterizada por altos niveles de inflación y una depreciación constante de la moneda nacional. Esta situación ha llevado al gobierno a buscar formas de aumentar los ingresos fiscales para hacer frente a las crecientes necesidades financieras del país.
El SENIAT, como ente responsable de la recaudación de impuestos en Venezuela, ha decidido “ajustar” el valor de la Unidad Tributaria de manera significativa. Este incremento se ha traducido en un aumento del 2.150% con respecto al valor anterior. La Unidad Tributaria es utilizada como referencia para el cálculo de impuestos, multas y sanciones, por lo que su aumento tendrá un impacto directo en los contribuyentes.
El “ajuste” de la Unidad Tributaria representa un desafío para los contribuyentes en Venezuela. En primer lugar, este incremento se suma a la ya elevada carga tributaria existente en el país, lo que puede afectar aún más la capacidad de las empresas y los ciudadanos para cumplir con sus obligaciones fiscales. Un aumento tan elevado desincentiva la inversión y el emprendimiento, ya que los altos impuestos dificultan la rentabilidad de los negocios. Además, este incremento podría generar un aumento en el costo de vida, ya que los contribuyentes podrían trasladar el aumento de impuestos a los precios de los bienes y servicios.
La desigualdad entre el porcentaje del ajuste salarial y el incremento tributario hace notar la incoherencia e improvisación sobre el manejo de la economía en el país. Ante este panorama es evidente que la lucha contra la inflación la están dando con el hambre de la gente. Por lo menos, es de esperar que un porcentaje del grotesco aumento sea invertido para mejorar y optimizar el uso de la plataforma del SENIAT facilitando así el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Esto podría incluir la simplificación de los trámites tributarios, la implementación de incentivos fiscales para promover la inversión y la reactivación económica, así como la adopción de políticas que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.
El reciente “ajuste” de la Unidad Tributaria en Venezuela ha generado un desafío adicional para los contribuyentes en medio de la compleja situación económica del país. Este aumento, que representa un incremento significativo en el valor de la Unidad Tributaria, plantea preocupaciones sobre la carga fiscal y su impacto en la economía y el costo de vida.
Este tipo de acciones por parte del gobierno nacional muestra una vez más la desconexión y desconsideración que tienen con el pueblo de Venezuela, ya que no observamos un diálogo constructivo entre las autoridades fiscales y los contribuyentes para abordar las inquietudes y buscar soluciones conjuntas, olvidando como es de costumbre, que el desarrollo del país depende de la colaboración y el entendimiento mutuo, como elementos clave para promover un sistema tributario justo y equitativo que impulse el desarrollo económico sostenible en Venezuela.
Desde Unidad Visión Venezuela le recordamos al Ejecutivo Nacional que la gestión efectiva de la carga tributaria debe equilibrar la necesidad de generar ingresos para el país con la capacidad de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales. Un sistema tributario bien diseñado y administrado puede ser una herramienta poderosa para promover el crecimiento económico y el bienestar social, siempre que se consideren tanto las necesidades del Estado como las de los ciudadanos.