Voracidad fiscal
El municipio San Joaquín vive una crisis por diseño, su gobierno local fue sumergido en la insolvencia producto del la reducción en un 72% de sus ingresos por la irresponsable decisión de la Asamblea Nacional 2020 de negar, más propiamente robar, el situado constitucional a Estados y Municipios. La alcaldía y la mayoría oficialista del Concejo Municipal, en vez de reclamar la restitución de sus recursos al poder público nacional, decidieron tapar el inmenso hueco en el presupuesto local metiendo la mano en el bolsillo de los contribuyentes al fisco. A escondidas, por una conversación de WhatsApp, los concejales maduristas aprobaron una Ordenanza incrementando, a niveles confiscatorios, los impuestos a los comerciantes de San Joaquín.
Los concejales de la Plataforma Unitaria, Néstor Casares y Paola Salcedo, denunciaron la situación y decidieron acompañar la protesta de los comerciantes que salieron a la calle a manifestar pacíficamente sus derechos ante la creciente voracidad fiscal. ¿Qué ocurrió luego? ¿El oficialismo reflexionó, meditó y decidió revisar la ordenanza aprobada con nocturnidad? Pues no, al contrario, se desató la vocación represiva que le es inherente.
El presidente del Concejo Municipal, Luis Prieto, ordenó violentar y desalojar la oficina parlamentaria de los concejales de la oposición. De conformidad con las denuncia efectuada por Catalimar Mujica, dirigente de AD en resistencia, «a la 1 pm el director de bienes del Concejo Municipal, José Camejo, entró en la oficina, acompañado de otros hombres, dónde solo estábamos mi compañera Ilda Palma y mi persona por ser comisionadas. Este ciudadano nos espetó la frase intimidatoria ‘ustedes son dos mujeres solas y creemos que son inteligentes, entonces si son dos mujeres solas e inteligentes mejor dejen la oficina por las buenas para no llegar a las malas’. Esto constituye la comisión de delitos violencia de género previstos en la legislación nacional y, a la vez, un acto que contraviene las competencias y atribuciones de los concejales de la Plataforma Unitaria».
Estos actos, evidentemente represivos y que incluso pudiesen ser una expresión de misoginia y violencia machista, podrían conducir a un municipio menos competitivo, cuyos comerciantes prefieran cerrar sus santa marías y abrirlas en otra ciudad, incrementará el desempleo y potenciará la informalidad. Es necesario que la opinión pública conozca está realidad y actúe para corregir el entuerto, municipios económicamente inviables tendrán consecuencias sociales y políticas explosivas. Sin embargo, también es evidente que personas con vocación represiva, violenta y machista, que creen que tienen a dios agarrado por la chiva, no están en capacidad para gobernar bajo estándares democráticos.
