«Solo esperas morir»: testimonios inéditos sobre cárceles de Bukele en El Salvador
El País recogió dos testimonios de personas detenidas durante el régimen de excepción que ampara la guerra contra las pandillas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele en El Salvador y ambos coincidieron: son un infierno.
Muertes bajo custodia, hacinamiento extremo, torturas, detenciones arbitrarias, incluyendo menores de edad e incomunicación total con abogados o familiares.
Manuel, nombre ficticio por seguridad, de unos 40 años: «Desde que entré hasta que salí no vi la luz del sol. Desde mediados de abril del año pasado hasta principios de febrero. Prácticamente, un año encerrado en el penal Izalco, a unas 2 horas al oeste de la capital. En una celda para 20 personas donde había metidas más de 70. Ante la falta de espacio, los presos se turnaban para dormir sentados en tandas de dos o tres horas. Había un solo retrete. Era habitual que solo recibieran una comida al día, dos tortillas y una cucharada de frijol.
Relató que había un hombre de 62 años que era diabético, lo dejaban dormir sentado toda la noche mientras el resto seguía de pie. Un día, no despertaba. Trataron de moverlo entre varios y estaba helado. Cuando llegaron los custodios, ya no tenía pulso. Manuel asegura también que solo “dos o tres veces” entró un médico a pincharle las inyecciones de insulina que, según su versión, la familia le enviaba todas las semanas. La falta de asistencia médica en las cárceles es una más de las vulneraciones de derechos básicos que denuncian las organizaciones.
También dijo que un joven de 21 años al que llamaban Daniel, murió en la celda. “Estaba desesperado y pedía medicamentos a gritos o se quejaba de hambre y de dolor”. Los policías respondían con golpes. A patadas, con las macanas (porras) o con la culata de los fusiles. “Un día le pegaron tanto que lo mataron a golpes y lo sacaron a rastras como a un animal”.
Además de los golpes, eran normales los manguerazos de agua dentro de la celda y, cuando el suelo estaba mojado, activaban la pistola de corriente eléctrica. “El enemigo más grande que uno tiene ahí dentro es la depresión. Sientes un vacío inmenso y solo deseas morir”.
La pesadilla de Dolores
Dolores Almendares no mantiene su nombre en secreto, al igual que «Manuel» estuvo presa varios meses, a ella la detuvieron tras acusarla de extorsión. “Me dijeron que mis hijos cobraban la renta a los comercios y yo juntaba el dinero”, cuenta esta ordenanza del ayuntamiento de Cuscatancingo, un municipio de la periferia norte de San Salvador.
Explica que le dieron un acta con los cargos, pero que ella no la firmó porque “no tenían ninguna prueba”. Pidió ver a un abogado, pero no tuvo asistencia legal en los 5 meses que pasó encarcelada. Dolores, miembro de un sindicato, denuncia que su detención fue motivada por liderar varias huelgas para que les dieran uniformes y les subieran en sueldo en su trabajo.
Cuando la detuvieron fue llevada a la comisaria y de una vez, al calabozo «con muchachas que estaban bien manchadas. Algunas tenían la MS tatuada en la frente”, dijo.
Durante la primera noche, un policía le dijo: “Ahora ustedes son el blanco. Les puedo pegar un tiro ahora mismo y decir que se querían fugar”.
El primer día en la cárcel de Ilopango, a media hora de la capital, la pusieron en fila con otras presas. La desnudaron, la hicieron bañarse en un barril en el patio junto a otras 20 mujeres, la pasaron por un escáner y le revisaron el interior de sus genitales “por si llevaba droga o algo así, supongo”.
Dolores pasó 22 días en una galería de 150 metros cuadrados con techo de lámina y las paredes de reja metálica. Allí había más de 800 mujeres, según sus cálculos, que dormían apretadas en el suelo de cemento. Cada una con la cabeza a la altura de los pies de la otra. El baño era una cubeta y la ducha, una manguera. La comida era “pasta reseca de frijol”.
Una de las presas, “la niña Esmeralda”, tenía un tatuaje con el símbolo de infinito debajo de la nuca. Dolores recuerda que “todo lo que comía, lo vomitaba. Además, sufría de diarrea y acabó muriendo deshidratada”. Cuando perdió el conocimiento, la cargaron entre varias reclusas “porque estaba gordita”. Se la llevaron las policías y nunca la volvieron a ver.
“Nos dijeron que se murió de camino al hospital”.
Pese a que el Gobierno de Bukele ha logrado reducir la violencia y desarticular a las pandillas en El Salvador, ha sido denunciado por abuso a los DDHH. Y opacidad: son casi 63.000 detenidos, según un recuento a finales de enero del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. La cifra no es casual. Corresponde al número estimado de pandilleros en un país de apenas seis millones de habitantes.
Las organizaciones de DDHH denuncian también que las autoridades no están notificando el fallecimiento de los presos. Existen incluso denuncias de familiares que han encontrado el cadáver de sus parientes detenidos en una fosa común.
