Funcionarios detenidos por corrupción podrían enfrentar entre 8 a 30 años de cárcel

El abogado y profesor de Derecho Constitucional de la UCAB Rosnell Carrasco precisó este martes que si son declarados culpables por corrupción, funcionarios del Gobierno podrían pasar entre 8 y 30 años en prisión, ya que son delitos graves que no gozan de beneficios procesales.

En entrevista concedida a Román Lozinski, Carrasco destacó que delitos de corrupción vinculados al manejo de dineros y bienes públicos no tienen beneficios procesales, y además no prescriben. «Este tipo de delitos en materia de corrupción o contra patrimonio público pueden ser perseguidos siempre, y de acuerdo a la ley venezolana no tienen beneficios procesales, no es como en las películas americanas que los acusados llegan a acuerdos con los jueces y se les disminuye la pena, acá es diferente».

«Así que dependiendo del grado de comisión del delito, la pena podría ir desde 8 a 30 años que es la pena máxima porque son delitos graves».

En relación con la detención del diputado del PSUV Hugbel Roa, el experto en leyes precisó que como todo parlamentario tiene inmunidad parlamentaria, pero debido a que está involucrado en un delito grave, no podría ampararse bajo esta institución «porque lo llevaría básicamente a la impunidad».

También habló de la Policía Nacional Contra la Corrupción. «Es un cuerpo del Sebin, una policía de carácter científica, órgano auxiliar en el proceso de investigación penal que depende del Ministerio Público».

En estos casos de corrupción que involucran a altos cargos del Gobierno, corresponde a la Contraloría General, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo encargarse de la investigación.

¿Qué pasó con los fondos de la Sunacrip?

Por su parte, Oswaldo Felizzola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, refirió a los 3 mil millones de dólares provenientes de la venta de petróleo que según las autoridades, se extraviaron en una trama de corrupción que involucra a Joselit Ramírez, hoy detenido y que desde 2018, estuvo frente a la Sunacrip.

«No se sabe si con esos 3 mil millones de dólares provenientes de la venta de petróleo que desaparecieron, se compraron criptoactivos. Puede ser que ese dinero esté en criptos, pero se desapareció por mal manejo de riesgos de criptoactivos. La pregunta sería si ese dinero fue malversado o mal manejado», apuntó.

Asimismo, aseguró que es «muy fácil» auditar las operaciones hechas por la Sunacrip, para conocer que pasó con estos millones de dólares, porque las transacciones se hacen casi públicas lo que permite auditarlas rápidamente.

Subrayó que el MP puede saber en muy poco tiempo todo sobre los movimientos que se hicieron desde la Superintendencia de los Criptoactivos. «En el mundo cripto se puede hacer seguimiento a las cuentas y hay que averiguar si no se han reportado correctamente estas. Las transferencias que hacen los clientes quedan registradas en la blockchain. El dilema que se está presentando, y que debe averiguar la Fiscalía, es si fue una falla de Sunacrip, como encargados de dar los lineamientos de seguimiento, o si fue una falla de Pdvsa por no registrar las transacciones».