Protestas son válidas pero aumento en dólares no es más que una fantasía
A medida que se acelera el tipo de cambio, el salario mínimo se pulveriza, y miles de empleados públicos aumentan su exigencia ante el Ejecutivo para que suba el salario mínimo porque la situación es crítica. Los 130 bs que representan el salario base hoy equivale a $5,87. Pero dolarizar el salario no es más que una fantasía.
El economista e investigador de la firma Venecápital, Alejandro Castro, explicó que existe un hueco fiscal que oscila entre los 2.500 y 3.000 millones de dólares, equivalente al 5% del PBI. Eso significa que los gastos del Gobierno son superiores a los ingresos del país que derivan de la renta petrolera, pago de tributos e impuestos, ingresos ordinarios y emisión de deuda.
«Esta realidad compromete la capacidad del Estado de aumentar el salario a los trabajadores públicos. Una nómina que según estimaciones de centrales sindicales, puede ser de 5.000.000 de trabajadores activos, más cinco millones entre jubilados y pensionados. La protesta de los educadores por salarios dignos es válida y está siendo apoyada por el resto de los trabajadores públicos, porque evidentemente el salario que perciben no les permite vivir, es el más bajo de Latinoamérica. Un docente tipo 6 con más de 20 años laborando y maestría, apenas devenga un salario base mensual equivalente a 630 bs ($28.9 al mes). Un obrero educacional gana 130 bs al mes o 5.9 dólares, ambos no pueden tener acceso a una canasta alimentaria familiar que, según la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), se ubicó en noviembre en 474,87 dólares», precisó.
Pero no existe una estructura gubernamental para disminuir el déficit fiscal. «El Estado tiene al menos 33 ministerios, más viceministerios, además empresas que fueron expropiadas que están generando pérdidas económicas, por lo que la mejora de los ingresos de educadores, médicos, bomberos, policías y trabajadores de gobernaciones, alcaldías y poderes públicos se vuelve una quimera», enfatizó.
En el hipotético caso de que el Gobierno decidiera aumentar el salario mínimo a 100 dólares, requeriría 1.000.000.000 de dólares aproximadamente para cubrir la nómina del Estado mensualmente: unos 12 mil millones de dólares al año, sin sumarle a esta cifra pasivos laborales, bonos vacacionales o prestaciones sociales. «Tiene que haber dinero para que el Gobierno pueda aumentar los salarios. Ese dinero tiene que salir del aumento o creación de más impuestos, o de una reforma del Estado donde disminuya su tamaño, dejando estrictamente los ministerios necesarios», subrayó.
Por su parte, el economista José Toro Hardy criticó que desde 2017, cuando Venezuela registró el primer ciclo de hiperinflación, el Gobierno ha venido enfrentado el déficit fiscal y enfriando las protestas solicitando financiamiento al BCV. Lo que se ha convertido en un círculo vicioso.
«Si lo que pretende el Gobierno es aumentar los salarios emitiendo dinero sin respaldo, muy rápidamente la inflación se va a comer ese aumento. El dilema por lo tanto del Gobierno es que necesitaría estimular la actividad económica y crear más ingresos para que los trabajadores públicos tengan salarios que les permita calidad de vida».
Desde hace un año las centrales sindicales y Fedecámaras, que están en el diálogo social con el Gobierno de Maduro y la OIT, han propuesto que se apruebe la «Ley de Emergencia Laboral», que tiene 3 fases según explicó José Vicente Rivero, secretario de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela).
«Ahorita suena fantasioso exigirle al Gobierno que fije el salario mínimo en 500 o 1000 dólares porque no hay un aparato productivo activo y el Ejecutivo nacional sigue incentivando las importaciones, exonerando con el 90% los impuestos aduaneros e IVA a una lista de productos terminados. Por lo tanto, hay que hacer un planteamiento realista, la Ley de Emergencia Laboral establece como primera fase que se le otorgue un ingreso de emergencia a los trabajadores que no sea el salario, que sea un bono por compensación para adquirir parte de la canasta básica».
