ONGs podrían desaparecer si no reciben cooperación internacional, alertó Misión Determinación de los Hechos
La presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, Marta Valiñas expresó hoy su profunda preocupación por las posibles implicaciones del proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, que aprobó en primera discusión la AN chavista la semana pasada.
“De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”, alertó Valiñas.
Por su parte, Francisco Cox, experto de la Misión, sostuvo que la regulación impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan «onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas. La ley está claramente orientada a limitar, no a facilitar el ejercicio del derecho de asociación”, afirmó según nota de prensa.
Investigaciones en curso de la Misión de la ONU revelan que las ONG de promoción de DDHH que trabajan en Venezuela enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, tanto jurídicas como operativas, incluyendo en el aspecto clave de la financiación, por lo que «sin acceso a los fondos de la cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer».
En el análisis preliminar de la Misión, varias disposiciones del proyecto de ley afectarían los derechos a la libertad de asociación y expresión, recogidos en los artículos 52 y 57 de la Constitución y en las normas internacionales de derechos humanos que vinculan a Venezuela.
Uno de los aspectos del proyecto que más preocupaciones suscita son las atribuciones que le confiere al Ejecutivo Nacional, especialmente la facultad de implementar mecanismos de control que permitan supervisar y sancionar las “desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional” (artículo 13).
Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia. Teniendo en cuenta el discurso de distintas autoridades gubernamentales, de las cuales la Misión ha tomado nota, ciertas organizaciones defensoras de los derechos humanos que recurren a instancias internacionales de derechos humanos o que reciben financiamiento extranjero podrían verse expuestas a sanciones por supuestamente comprometer la soberanía nacional.
