AN chavista iniciará «consulta pública nacional» de ley que regula ONGs y fundaciones
Este miércoles, el diputado del Psuv Pedro Carreño informó que tras su aprobación en primera discusión por el Pleno de la AN electa en 2020, el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines será sometida a consulta pública nacional a partir de este viernes 27 de enero.
Según dijo la consulta iniciará también de forma virtual en Distrito Capital, Miranda y en otras ocho entidades del país, en el marco del parlamentarismo de calle, y el sábado se realizará en el resto del país para completar el primer despliegue territorial. Y precisó que se utilizará un instructivo de recolección de datos de las propuestas, se reunirán en mesas de trabajo y tendrán documentación e insumos sobre las ONG registradas.
De acuerdo a nota de prensa de la AN chavista, el proyecto establece la obligación de registrar las ONG ante el ente competente en materia de registros y notarías (artículo 10), que desarrollará un registro nacional “que contendrá un asiento sistematizado y actualizado de la información relativa a la creación, funcionamiento, financiamiento y modificación de estas organizaciones”.
También establece que una vez obtenida la personalidad jurídica, o sean habilitadas para funcionar en el territorio nacional, las ONG quedan obligadas a declarar con fines de registro el inventario de bienes al momento de constituirse y su actualización anual con expresa determinación de las fuentes de esto. Deben declarar balances contables, estados financieros y los libros que sigan, así como actas de asambleas ordinarias y extraordinarias, relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes.
Además, declarar modificaciones de estatutos, nombramientos y ceses de los miembros, de los administradores, liquidadores, auditores y secretarios, los poderes generales y delegaciones de facultades, la apertura y cierre de sedes, la inactividad mayor de seis meses, la modificación, ampliación o reducción del objeto social y de prórroga y extinción de la organización.
Mientras, el artículo 15 del proyecto establece que las ONG tendrán prohibido, en todo el territorio nacional, recibir aportes para ser destinados a fines políticos, realizar actividades políticas, promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República, así como cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana.
Carreño denunció que las ONG «mutaron en instituciones políticas que utilizan la democracia, la gobernabilidad y los derechos humanos como fachada para actuar en Venezuela con fines desestabilizadores contra el pueblo».
La comisión tendrá 30 días continuos para activar la consulta pública y subrayó que en caso de no lograr cumplir una amplia participación, se solicitará a la Directiva de la AN otra prórroga para tal fin. Agregó que la responsable del despliegue será la diputada Rodbexa Poleo -Psuv-.