Exclusiva ND: AD, UNT y PJ se proponen eliminar el Gobierno Interino de Guaidó

Tal como fuentes lo adelantaron a ND hace días, los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia han tomado la decisión de no apoyar la continuidad del gobierno interino que preside Juan Guaidó, y adelantan una reforma al Estatuto que Rige la Transición Democrática para darle más relevancia a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional/2015.

ND tuvo acceso en exclusiva al documento que promueve Primero Justicia, el cual establece que “elimina el Gobierno Interino y todos sus órganos, entes, disposiciones, salvo aquellos creados por el presente estatuto que guarden relación con la defensa democrática de la protección de activos en el extranjero».

Según el documento, la reforma busca «restablecer la vigencia de la Constitución”, y se propone atender la “aspiración del pueblo venezolano de avanzar hacia la democracia y el desarrollo».

En su artículo 2, habla del rescate de la soberanía popular a través de elecciones libres y la superación de la emergencia humanitaria compleja, con el propósito de recuperar el sistema de libertades, garantías constitucionales y los DDHH. En la actuación de los órganos del Poder Público se dará prioridad a la recuperación del nivel de vida de la población, la procura de elecciones libres, justas y verificables y a la protección democrática y efectiva de los activos de la República en el extranjero.

Apelan al artículo 333 de la Constitución – que establece que la Constitución no perderá vigencia si fuere derogada – para fijar los siguientes objetivos:

1.- Sentar las bases para iniciar el proceso ciudadano de reconciliación nacional.

2.- La defensa por la restitución de la democracia en Venezuela y plena vigencia de la constitución.

3.- Proteger los activos pertenecientes a la República en el extranjero a través del Consejo de Administración y Protección de Activos.

Así pues, pese a que se reconoce que las elecciones presidenciales en las que resultó electo Nicolás Maduro «no fueron elecciones legítimas», desconocen la figura de Guaidó como presidente encargado. Y suscriben que, en su lugar, la continuidad de la AN/2015 «podrá funcionar» a través de la Comisión Delegada por 12 meses continuos a partir del 5 de enero de 2023.

Se encargará la Delegada de: promover la transición a la democracia, proteger los activos de la República en el extranjero a través del Consejo de Administración y Protección de Activos, autorizar la disposición de los recursos indispensables para cumplir con los objetivos y fines de esta Ley, tramitar la cooperación financiera internacional de organismos multilaterales y países del mundo libre a los fines de iniciar el proceso de transición económica y de proseguir la reversión de la emergencia humanitaria, aprobar el presupuesto de la Asamblea Nacional y sus modificaciones, las demás establecidas en la Constitución y en el presente Estatuto.

Asimismo, deja sentado que los miembros de las juntas administradoras ad-hoc de Pdvsa y sus filiales, serán designados por la delegada.

Sobre los activos que han sido recuperados en el exterior, a partir de ahora serán administrados por el Consejo de Administración y Protección de Activos y «no podrán ser enajenados, gravados o ejecutados por ningún título o en ninguna circunstancia, hasta tanto se elijan autoridades legítimas del poder público nacional mediante la celebración de elecciones libres, justas y verificables».

La Asamblea Nacional podrá dictar una ley especial en materia financiera y presupuestaria, de conformidad con el artículo 187, numerales 6, 7 y 8 de la Constitución.

Y subraya que con la entrada en vigencia de esta reforma, «quedan derogadas todas las leyes dictadas en el marco de la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establecen competencias para el Gobierno Interino o la Presidencia Encargada de la República, así como todas las que contradigan el contenido del presente Estatuto».

«Todos los entes y funcionarios designados por la Presidencia Encargada quedan sin efecto a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. Únicamente quedarán en el ejercicio de sus funciones los funcionarios a cargo del Consejo de Administración del Gasto ahora denominado Consejo de Administración y Protección de Activos, Consejo  para la Administración del Programa de Gastos, Seguridad y Defensa de la Democracia y los miembros de la Junta Directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela».

Además, establece rendición de cuentas en el artículo 20: «Todos los bienes adquiridos por el Gobierno Interino para el cumplimiento de sus funciones, los cuales pertenecen a la República, serán inventariados y entregados al Consejo de Administración y Protección de Activos, dentro de los noventa días desde la entrada en vigencia de la presente Ley. La Oficina de la Presidencia Encargada la República presentará a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional un Informe de Memoria y Cuenta detallado, con la rendición de la cuenta de su gestión, en un plazo no mayor de treinta días (30) desde la entrada en vigencia de la presente Ley».

En el documento, al que tuvo acceso ND, desaparece toda mención al desconocimiento a Maduro y a las autoridades usurpadas. Elimina los capítulos referentes a la reinstitucionalización y la conformación de un Gobierno Provisional, que es el centro de la transición política.

El documento sería presentado públicamente días antes del 5 de enero de 2023, fecha en la que comienza un nuevo período legislativo, con la instalación del Parlamento electo en 2015. Van ocho años, ya que la estrategia de la oposición democrática ha sido prolongarla hasta que haya «elecciones realmente libres».