Armando.Info: Así funcionan las casas clandestinas de la Dgcim en Caracas

Armando.Info/.- Una suerte de pillaje institucionalizado nutre el patrimonio de bienes raíces de los cuerpos de seguridad del Estado chavista, en particular de la Contrainteligencia Militar, que se ha hecho de inmuebles por lo general ubicados en urbanizaciones del este de la capital venezolana. En algunas de esas ‘casas seguras’, dedicadas al secuestro, la extorsión y la tortura de adversarios políticos, los servicios secretos atormentan a sus víctimas, rehenes o desaparecidos, mientras no están a la orden de los circuitos judiciales. La presente es la entrega inicial de una serie que radiografía esos lugares y el horror que los habita.

Un patrón suele repetirse en una serie de detenciones de opositores al régimen de Nicolás Maduro, de disidentes militares y de sus familiares: un período inicial de desaparición forzada que podía durar un día o semanas, durante el cual los aprehendidos eran conducidos a sitios clandestinos ubicados en distintos lugares de Caracas, donde fueron sometidos a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El organismo al que se responsabiliza en particular de incurrir en esta práctica es la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), aunque también se ha señalado de operar estos sitios de tortura al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política) y a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES, adscrita a la Policía Nacional Bolivariana).

Este equipo de investigación documentó 14 testimonios de víctimas y familiares de víctimas de detenciones irregulares practicadas por organismos de seguridad del Estado venezolano, a quienes desaparecieron por unos días para recluirlos en casas clandestinas de tortura en cuatro zonas de Caracas. Un abogado penalista que ha defendido varios de estos casos, y que pidió la reserva de su nombre por motivos de seguridad, asegura que ha recolectado información sobre más de una decena de otros casos. «No me atrevo a dar un número, pero sí puedo decir con responsabilidad que ha sido una conducta repetida».

La existencia de estos centros clandestinos de detención figura en los informes elaborados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, así como en otras investigaciones presentadas por otros organismos internacionales y por organizaciones no gubernamentales.

A pesar de que operan desde al menos hace casi una década -la primera referencia a ese tipo de instalaciones data del caso del detenido José Daniel Stekman-, el uso de las casas clandestinas de tortura se acentuó a partir de 2018, coincidiendo con un incremento de las desapariciones forzadas en el país y de la persecución a militares, de acuerdo con instancias internacionales, abogados y defensores de derechos humanos.

14 víctimas y familiares coincidieron para esta investigación en que el órgano responsable de las detenciones y traslado a las casas de tortura es la Dgcim. Crédito: Instagram Dgcim
El más reciente informe de la misión de la ONU enumera 17 referencias de casas de seguridad, como también suelen denominarse estos centros clandestinos, y las ubican en sectores de Las Mercedes, Prados del Este, La Trinidad, San Bernardino, Bello Monte, Los Naranjos, Fuerte Tiuna, Alto Prado, La Carlota, además de La Mariposa y zonas montañosas de El Hatillo y Guarenas.

Los testimonios de 14 víctimas y de familiares de víctimas, la información aportada por fuentes dentro de los cuerpos de seguridad del Estado y de abogados que han trabajado en los casos de tortura denunciados ante instancias nacionales e internacionales, así como la revisión de los tres informes elaborados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, de otros informes y comunicaciones realizados por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos Naciones Unidas, del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, de la Organización de Estados Americanos y de ONG locales e internacionales, así como de documentos oficiales sobre la administración estatal de bienes decomisados y confiscados, han permitido reconstruir la información sobre la aparición y consolidación del uso de casas en zonas residenciales, que fueron destinadas a centros clandestinos de tortura, y establecer que se convirtió en una práctica de los cuerpos de seguridad, en especial de la inteligencia militar, y más en particular de la Dgcim, durante los años en que ha gobernado Nicolás Maduro. El uso de estas casas es claro: desaparecer a opositores del régimen, actuar fuera del marco legal y ejercer tortura a sus familiares con el objetivo de obtener información bajo coacción.

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