Análisis ND: La reforma al Estatuto y lo que está detrás, según fuentes consultadas de ambos lados

La Venezuela en crisis, donde la mayoría se esfuerza en sobrevivir con un sueldo de 8 dólares mensuales, mantiene pocas expectativas sobre lo que está ocurriendo en la oposición democrática; y es que, durante los últimos días, declaraciones más, declaraciones menos, el grupo conformado por AD, PJ y UNT han propuesto eliminar la figura del Gobierno Interino que hoy preside Juan Guaidó.

Desde hace varios meses, corrió el rumor de que estos tres partidos pertenecientes a lo que se conoció como el G4 o G4+ y que hacen vida en la Plataforma Unitaria, tendrían el propósito de acabar con el mandato de Juan Guaidó como presidente encargado. Porque no cumplió su objetivo de sacar a Nicolás Maduro del poder, porque hubo mal manejo de fondos en el exterior, porque la estrategia de presión no funcionó, porque vienen elecciones y él no puede ser candidato y a su vez, presidente encargado.

Un sin número de alegatos que desembocaron este miércoles en una rueda de prensa encabezada por el dirigente de la tolda aurinegra, Alfonso Marquina, acompañado por Tomás Guanipa del mismo PJ, Nora Bracho de UNT y Piero Maroun por AD.

«La propuesta sería la eliminación de todo el Gobierno interino, a excepción de tres instancias que consideramos que son necesarias para la defensa de los activos en el exterior. Estas tres instancias serán las juntas creadas para tratar temas de la estatal Pdvsa, la del Banco Central (BCV) y una comisión ejecutiva que se ocupará de asuntos relativos a la defensa de los activos en el exterior, los cuales están bajo el poder del llamado Gobierno interino. Esta comisión ejecutiva velará por la transparencia en el uso de recursos», prometió Marquina.

Y a medida que los periodistas lo increpaban, Marquina agregó que «cada vez son menos (países), en primer lugar, porque hay gobiernos que han cambiado desde el punto de vista ideológico, pero también hay gobiernos que ya ven que esta estrategia se ha agotado y que hoy, a pesar de que siguen desconociendo a (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro, no siguen respaldando (a Guaidó)».

Marquina también precisó que representaban a 69 de los 112 diputados elegidos en 2015, cuyo período venció en enero de 2021.

ND tuvo acceso exclusivo al documento que esgrime la reforma que plantean los mencionados partidos, y lo publicó el pasado 19 de diciembre. La fecha del documento estaba planteada para los primeros días de enero. Sin embargo, ante la publicación del mismo, se adelantaron los hechos.

“Elimina el Gobierno Interino y todos sus órganos, entes, disposiciones, salvo aquellos creados por el presente estatuto que guarden relación con la defensa democrática de la protección de activos en el extranjero». Según el documento, la reforma busca «restablecer la vigencia de la Constitución”, y se propone atender la “aspiración del pueblo venezolano de avanzar hacia la democracia y el desarrollo».

En su artículo 2, habla del rescate de la soberanía popular a través de elecciones libres y la superación de la emergencia humanitaria compleja, con el propósito de recuperar el sistema de libertades, garantías constitucionales y los DDHH. En la actuación de los órganos del Poder Público se dará prioridad a la recuperación del nivel de vida de la población, la procura de elecciones libres, justas y verificables y a la protección democrática y efectiva de los activos de la República en el extranjero.

Así pues, pese a que se reconoce que las elecciones presidenciales en las que resultó electo Maduro «no fueron elecciones legítimas», desconocen la figura de Guaidó como presidente encargado. Y suscriben que, en su lugar, la continuidad de la AN/2015 «podrá funcionar» a través de la Comisión Delegada por 12 meses continuos a partir del 5 de enero de 2023.

Se encargará la Delegada de: promover la transición a la democracia, proteger los activos de la República en el extranjero a través del Consejo de Administración y Protección de Activos, autorizar la disposición de los recursos indispensables para cumplir con los objetivos y fines de esta Ley, tramitar la cooperación financiera internacional de organismos multilaterales y países del mundo libre a los fines de iniciar el proceso de transición económica y de proseguir la reversión de la emergencia humanitaria, aprobar el presupuesto de la Asamblea Nacional y sus modificaciones, las demás establecidas en la Constitución y en el presente Estatuto.

¿Qué significa esto?

El profesor titular de Derecho Internacional y DDHH, Asdrúbal Aguiar, explicó que los parlamentarios decidirán sobre la prórroga del llamado interinato, con la particularidad de que su control y decisión lo asume un colegiado de la Asamblea – la llamada Comisión Delegada – y a la sazón desaparece el ejercicio temporal del Poder Ejecutivo detentado por este como cabeza del parlamento y en aplicación del artículo 233 de la Constitución.

Según Aguiar este sería un «grave atentado al orden constitucional», de suyo causa una ruptura, que resulta agravada por tener su origen en las fuerzas políticas que se comprometieran, debido al Interinato, con el restablecimiento del orden constitucional y democrático.

En pocas palabras, lo que se busca decidir es, con la desaparición de la figura constitucional del Encargado, es el tácito reconocimiento de Nicolás Maduro Moros; cuyo desconocimiento, por la OEA y por la propia Asamblea Nacional, fue la base del Estatuto para la Transición que será objeto de reforma.

De acuerdo a lo que plantea el documento, se estaría reconociendo a Nicolás Maduro como presidente, porque a partir de su aprobación no existiría la figura del presidente encargado por el vacío de poder que se generó en las elecciones de 2018. Pero además, busca limitar las funciones de la AN electa en 2015 a solo el tema de los activos y uno que otro programa de ayuda como «Héroes de la Democracia».

La consecuencia directa de saltarse el artículo 233 de la constitución es reconocer a Nicolás Maduro, y estarían en peligros los juicios por la defensa de activos de la república que se llevan a cabo en el exterior. Pero además, también se pondría en riesgo los resultados del Acuerdo Social firmado en México, ya que fuera de las fronteras de Venezuela, es Juan Guaidó el reconocido como presidente encargado y la figura jurídica que podría firmar para usar los fondos congelados.

Entre tanto, hay diversos elementos que no quedan claros ni en la reforma ni en las declaraciones de los dirigentes políticos que dieron la cara este miércoles por los líderes de los partidos, y que desde hace mucho tiempo arrastran considerables diferencias con Juan Guaidó: léase Julio Borges, Henrique Capriles, Manuel Rosales y Henry Ramos Allup.

Toda reforma debe pasar por dos discusiones de la plenaria y será en unos días cuando se conozca el resultado de lo que plantean ambas partes. Mientras eso ocurre, los integrantes de las diferentes fracciones se han limitado a declarar en entrevistas o hacer comentarios al respecto en sus redes sociales.

¿Por qué ahora?

En octubre, un reporte del Financial Times aseguró que AD, PJ y UNT estarían discutiendo ponerle punto final al gobierno interino. Hablaron entonces de que supuestamente la decisión se tomaría en dos semanas.

Una fuente de la oposición liderada por Guaidó, consultada por ND, descartó esta información, y explicó que en una reunión en Panamá «se discutió» qué pasaría con el gobierno interino y con la presidencia, pero la decisión no fue tomada.

Subrayó que detrás de eso estaban los “mismos dirigentes de AD, UNT y PJ que se negaron a la reestructuración de Monómeros, el pago de abogados para defender los activos en el caso ConocoPhillips” y que se han convertido «en un dolor de cabeza» para Guaidó.

«Ahora que ya está listo el reglamento para La Primaria salen con esta información para seguir con la división en la oposición. Esto tiene que ver con declaraciones y posturas personales en contra de Guaidó, porque cada quien está cuidando sus intereses de cara a las precandidaturas para la primaria opositora».

Una fuente vinculada a los tres partidos indicó, en conversación con ND, que quienes redactaron la reforma fueron Julio Borges y Juan Miguel Matheus, ambos dirigentes de Primero Justicia.

Pero la estrategia tomó forma gracias al apoyo de Juan Pablo Guanipa, Tomás Guanipa y Alfonso Marquina quien le puso rostro a la propuesta en la rueda de prensa.

«Tomás y Juan Pablo tienen un gran odio hacia Henrique Capriles, y se han apoyado de Marquina para dominar el partido. Montaron a María Beatriz Martínez en la dirección nacional y ahora ella entiende que le intentan imponer cosas, y está llevando fuertes críticas de otros compañeros como Rafael Guzmán. Todo esto tiene que ver con la candidatura a La Primaria, quieren sacar del juego a Juan Guaidó, pero también a Capriles, eso es lo que operan».

A su juicio, es importante recordar que la estrategia del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, no se logró por los errores cometidos de toda la oposición, no solo del interinato.

«El rechazo que existe no es solo hacia el interinato, sino a todos, porque la torta la han puesto todos. Es increíble que ahora intenten lavarse las manos, cuando todos están salpicados. Es lamentable que el país tenga que ver este tipo de espectáculos, justo ahora cuando viene La Primaria. No es por pensar mal, pero parece una cosa echada», ironizó la fuente que pidió mantener el anonimato.

Un miembro de la dirección nacional de VP lamentó que hoy estén pagando todos por los errores ajenos. «Se han callado muchas cosas, se ha dejado correr el río y ahora, todos salen perjudicados. No es momento de buscar culpables, si no de asumir errores, para mantener la unidad, vienen procesos importantes y esto ocurre para que el país termine de decepcionarse de su clase política. Ese parece ser el objetivo».

Al tiempo que estimó que Guaidó podría correr peligro si avanza la reforma y se elimina la figura del interinato. «Eso es algo muy serio, está en peligro su vida y la de muchos de los dirigentes de VP. No están pensando las cosas como deben ser».

La Dirección Nacional de La Causa R deja constancia ante la opinión pública nacional e internacional de su rechazo a la propuesta de dejar al Estado venezolano sin un Poder Ejecutivo legitimado constitucionalmente, lo que no dudamos en calificar como un magnicidio jurídico que traerá consecuencias catastróficas para el país y su población que lucha por libertad y democracia.

Este jueves, La Causa R calificó de «inaudito» que se pretenda continuar solo con la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015, sin asumir la responsabilidad constitucional de llenar el vacío dejado por la tiranía usurpadora.

«Lamentamos profundamente que algunos partidos crean que entregar al compañero Juan Guaidó sea la mejor forma de conseguir prebendas personales del régimen, como habilitaciones para participar en elecciones. Ninguna elección tendrá los efectos esperados si no es producto de una negociación real que solo podrá darse con presión interna y externa. La rendición solo alargará el sufrimiento de los venezolanos, a cambio de algunas migajas que no resuelven el problema de fondo que es la dictadura».