«Es probable que CPI siga investigando porque Maduro no asume que han cometido crímenes de lesa humanidad»: Abog. Simón Gómez
El experto en derecho internacional y coordinador de la ONG Defiende Venezuela, Simón Gómez, cree probable que la Corte Penal Internacional continúe el curso de la investigación sobre Venezuela, porque está al tanto de que Nicolás Maduro no ha investigado ni condenado a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. «Maduro sigue negando que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad», dijo.
En el salón de la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana en Caracas se llevó a cabo este jueves el conversatorio «La Justicia Transicional y la Corte Penal Internacional» realizado por Acceso a la Justicia, donde expertos explicaron el estatus en el que se encuentra la investigación luego de que Venezuela solicitara la suspensión de la misma.
Fue el pasado 1 de noviembre cuando el fiscal de la CPI Karim Khan formalizó su oposición a la suspensión de la investigación y pidió que esta continúe. El fiscal informó que presentó una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI en la que pide autorización para que su Fiscalía reanude la investigación sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela.
Corresponderá ahora a la Sala de Cuestiones Preliminares decidir si la investigación seguirá su curso o decidirá que Venezuela «pruebe» que puede investigar y juzgar a los responsables, incluidos altos cargo del gobierno de Maduro.
«Es un procedimiento que tomará algunos meses. Sabemos que estos son caminos complejos, tensos y diferentes a los procesos que se dan en cortes nacionales. La evidencia nos dice que no existe en Venezuela la intención de llevar a cabo investigaciones genuinas. El Estado no ha mostrado que sus investigaciones se corresponden con los estándares y además, niega que hayan crímenes de lesa humanidad en el país», expresó. «Los que califican como hechos punibles son violaciones a DDHH y no situaciones que hacen parte de la política de Estado».
Por tanto, lo más probables es que la CPI determine que existen probadas razones para que la investigación continúe.
¿Qué pidió Venezuela a la CPI?
En abril, el gobierno de Nicolás Maduro solicitó a la CPI diferir la investigación de la Fiscalía, sin consignar evidencia que verifique que efectivamente han adelantado investigaciones y juicios por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Gómez explicó que esto va en contraposición a lo que dice el apartado 2 del artículo 18 del Estatuto de Roma:
«Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la Corte que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados. A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia en favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal autorizar la investigación».
En este sentido, amplió que si el Estado hace uso de este derecho, debe constatar que «genuinamente» está llevando a cabo sus obligaciones en contra de todos quienes han incurrido en estos crímenes de lesa humanidad, inclusive «máximos responsables» que en este caso, son altos cargos del gobierno oficialista.
«Venezuela no elevó ningún elemento sustancial de prueba cuando pidió que se suspendiera la investigación y el fiscal Karim khan lo hizo público», resaltó.
Posteriormente, el fiscal de Maduro envío documentación equivalente a 18 mil folios para «demostrar» que está llevando a cabo investigaciones y que tiene razón en que el caso en la CPI sea diferido.
Principio de complementariedad
Bajo el Estatuto de Roma se define el denominado principio de complementariedad: significa que la justicia internacional no desplaza a la justicia nacional, sino la complementa.
«Dicho principio puede considerarse como un espacio de convergencia y conciliación entre el concepto de soberanía, por una parte, y el concepto de operación y salvaguarda de un orden jurídico internacional por la otra. Tiene especial relevancia el problema que surge cuando el Estado nacional no lleva adelante el enjuiciamiento que, en principio, le corresponde con motivo de la comisión de delitos considerados en el Estatuto de Roma», explica el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Gómez destacó que bajo el principio de complementariedad, la CPI ha propiciado la oportunidad del diálogo entre Venezuela y la Fiscalía porque esa es su vocación.
«Como muestra de esta complementariedad positiva es interesante el esfuerzo que hace el fiscal Khan para generar un incentivo poniéndole la pelota en la cancha a Venezuela y estando la pelota en la cancha, ver qué hará Venezuela», comentó.
En este punto, recordó que el 3 de noviembre, durante la visita de Khan a Venezuela, ambas partes suscribieron un memorándum de entendimiento a fin de fortalecer el diálogo, la cooperación y avanzar en la búsqueda de la verdad. Y además, se acordó que se abriría una oficina de la CPI en Venezuela, lo que no ha podido materializarse «por carácter presupuestario y se espera que se instale en 2023», según Gómez.
En otro orden de ideas, el profesor de la UCAB refirió al caso de Afganistán en la CPI que se inició en marzo de 2020 y estimó que la CPI tomará una decisión similar con el caso Venezuela. «Se le dará oportunidad al Estado a dar respuesta sobre el escrito que dio el fiscal y luego fijará otro plazo para que el fiscal de respuesta a esas observaciones. Será básicamente un intercambio entre el fiscal y nuevamente el Estado».
Sin embargo, acotó que durante la fase de observaciones podría incluirse la participación de las víctimas, como también pasó en Afganistán.
Maduro olvidó la complementariedad y acusa a fiscal de CPI de tener “visión prejuiciada”
El sábado 5 de noviembre, el gobierno de Maduro acusó al fiscal Khan, de tener “una visión claramente prejuiciada” en su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, días después luego de que este solicitara permiso a ese organismo para reanudar su trabajo.
La cancillería venezolana, a cargo de Carlos Faría, fustigó «el fiscal insista en una investigación basada en fuentes secundarias guiadas por intereses políticos”, en referencia a ONG, víctimas y familiares de estas que han denunciado la comisión de delitos de lesa humanidad.
A través de un comunicado reprochó que pese a toda la información suministrada y los fluidos intercambios sostenidos con la Fiscalía durante el año 2022, el fiscal Karim Khan mantenga «una visión claramente prejuiciada en relación con la situación de Venezuela, haciéndose eco de las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos”.
“Es especialmente preocupante que la solicitud del fiscal se fundamente básicamente en fuentes secundarias carentes de toda credibilidad, dada su marcada parcialidad y clara politización, en perjuicio de la rigurosidad que se espera de una instancia internacional de tanta relevancia en materia de administración de justicia especializada”, reprobó.
