Nicaragua ha cancelado casi 2.000 ONG desde que estalló la crisis en 2018
Managua, 21 sep (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este miércoles la personalidad jurídica de otras 100 ONG, con lo que suman 1.968 las organizaciones de este tipo ilegalizadas tras la revuelta popular de abril de 2018, calificada como intento de golpe de Estado por el presidente Daniel Ortega.
La ilegalización de esas 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), al igual que otras 400, fue aprobada directamente por el Ministerio de Gobernación basado en una reciente reforma a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que le otorga esa facultad, que antes correspondía exclusivamente a la Asamblea Nacional (Parlamento).
En lo que va de año, los legisladores sandinistas y sus aliados en el Parlamento han ilegalizado 1.269 ONG y un total de 1.468 desde diciembre de 2018.
Entretanto, la cartera de Gobernación ha cancelado la personalidad jurídica de otras 500 ONG, con lo que suman 1.968, de cerca de 6.000 registradas.
En la nueva lista de ONG afectadas se encuentra la Asociación Coronel Rufo Marín Bellorino, Asociación General José Santos Zelaya, Asociación Coordinadora Nicaragüense de la Resistencia y Víctimas de Guerra por la Libertad y la Democracia, y Asociación de Veteranos de Guerra de la Tercera Edad.
Por incumplir obligaciones
Según el Ministerio de Gobernación, esas 100 ONG incumplieron con sus obligaciones conforme lo establece la Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y su Reglamento, y la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Entre otros, el Ministerio de Gobernación argumentó que estaban en abandono, no reportaron los estados financieros por más de 7 y 23 años, detalles de donaciones, su origen y beneficiario final, y las Juntas Directivas estaban acéfalas.
Según el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, uno de los promotores de las iniciativas, las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Ortega, próximo a cumplir 77 años, lleva 15 años y 7 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral. EFE
