La Ley contra el odio
«Si quieres elevarte a la categoría de hombre digno, procura ser, además de honrado y virtuoso, humilde y respetuoso» Simón Bolívar
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, conocida simplemente como Ley contra el Odio, fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, conformada exclusivamente por miembros oficialistas, y publicada en la Gaceta oficial N.º 41 274, del el 8 de noviembre de 2017, la cual sirvió exclusivamente para acallar a los críticos del régimen socialista marxista y mal llamado bolivariano.
Prueba de ello es la manifiesta intención del régimen, por intermedio de sus diputados oficialistas, cuestionar los llamados «discursos de odio» publicados por Infobae, instando en la Asamblea Nacional, la discusión de una nueva ley, para impulsar un debate en su ilegítima institución legislativa.
Bien es cierto que dicha ley existe en Francia y Alemania, y la misma se aplica cuando se presentan casos de xenofobia, racismo y otros motivos. Pero en Venezuela se utiliza la Ley contra el odio, para acallar voces críticas. No hay sino que remontarse al 8 de noviembre de 2017 cuando Nicolás Maduro promulgó la citada y tan cuestionada ley, en un contexto de singular interpretación de odio, convivencia pacífica y tolerancia, cuando tras cuatro días antes, el diputado Freddy Guevara se vio obligado a pedir refugio en la embajada de Chile en Caracas, por las amenazas que sufría por parte del régimen. La dictadura venezolana lo había dejado a la intemperie, al retirarle su inmunidad parlamentaria y acusarle de instigar a la población con sus críticas.
En agosto de ese mismo año, las Naciones Unidas, habían dejado en claro de dónde emanaba el verdadero odio en Venezuela, y denunció que el estado era responsable de arbitrarias detenciones y torturas, entre otras aberraciones
En ese marco -y pese a los esfuerzos de la dictadura de Maduro, por intentar presentarla como una ley para la unificación de la sociedad- lo cierto es que en sus años de vida sólo ha sido una herramienta de persecución política y social. En pocas palabras, una mordaza no sólo contra aquellas voces que se elevan para cuestionar los crímenes del gobierno -explicadas por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)- sino incluso contra los ciudadanos de a pie, que critican la gestión de los servicios públicos, la escasez de gasolina o las pobres políticas económicas y las sanitarias en medio de la pandemia por Covid-19. La respuesta del régimen a esos reclamos legítimos ha sido siempre la misma durante estos largos años: la represión, las amenazas, la prisión y la inyección de miedo, siempre amparándose en la “ley del odio”.
El colega periodista César Bátiz director de El Pitazo, refiere que la regla se originó a partir de los señalamientos que funcionarios chavistas experimentaban en la calle, restaurantes y aviones por su vida de lujos, situación que el régimen pretendió acallar por medio de esa vía ante el creciente descontento popular. Explica que “es una ley arbitraria, autoritaria, por cuánto no es una ley progresista pues no vela por la defensa y protección de los derechos humanos o la promoción de las libertades . Es una ley totalmente autoritaria que es aplicada de acuerdo al funcionario de turno, que así lo considere.
En la citada ley se incluyeron párrafos destinados a controlar a las voces que pudieran resultar críticas en los medios, y así se deduce tras lectura del Artículo 12, el cual obliga a las empresas de comunicación a emitir los mensajes redactados por el régimen, que considera de paz y tolerancia.
Desde Miraflores se regula también lo que se habla y comenta en las redes sociales, obligando por tanto a quienes emitan el mensaje, a cumplir con la normativa, haciendo explicita la sanción a la que podría ser sometido cualquiera que emita una opinión en redes o en público, que sea considerada como una contravención por los intérpretes del régimen.
Son varios los periodistas víctimas de este esperpento jurídico socialista, por lo que quienes ejercemos dignamente el oficio desconocemos dicha ley, por no provenir de una instancia legítima, ajustada a los principios y procedimientos constitucionales, garantes de la institucionalidad democrática
Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP-122)
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