FVP: Ni una «terapia de conversión» más en Venezuela porque la “homosexualidad no se cura”

Caracas, 14 sep (EFE) / Héctor Pereira.-  «La homosexualidad no se cura». Una sentencia que es casi un lugar común y que resuena con fuerza estos días en Venezuela, luego de que los psicólogos del país condenasen las llamadas «terapias de conversión» con las que unos pocos siguen «torturando» a personas LGBTI en la nación sudamericana.

Con un inédito pronunciamiento, la Federación de Psicólogos de Venezuela (FPV) ha dejado claro su rechazo a la oferta y puesta en práctica de las «mal llamadas terapias de conversión», al recordar que se trata de procedimientos que violan los derechos humanos y que «solo traen más sufrimiento físico y emocional a las personas».

La declaración ha sido celebrada por organizaciones y activistas que defienden a Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI), un colectivo que sufre varias formas de discriminación.

Según estimaciones de la FPV, una de cada cuatro personas que acuden a consultas psicológicas es abiertamente LGBTI, muchas de ellas con problemas de aceptación personal y de sus entornos, por lo que las terapias deben ser espacios seguros para que los pacientes puedan avanzar en su autodeterminación.

Nada que curar

La orientación sexual «no es una enfermedad y por tanto no puede tratarse como una enfermedad», recuerda, en entrevista con Efe, la presidenta de la FPV, Clara Astorga, quien aplica el mismo principio para toda la diversidad sexual y de género, aspectos -explica- que están marcados por el descubrimiento de cada persona.

Dicho esto, la psicóloga insiste en recordar a la sociedad venezolana que las personas LGBTI, igual que el resto de ciudadanos, tienen derecho a la autodeterminación de su vida, y la población «tiene el deber de respetar» esta garantía, especialmente las autoridades y quienes trabajan en las áreas de la salud física y mental.

Este precepto, prosigue, no se cumple mientras persistan falsos psicólogos que, haciendo intrusismo, ofrecen servicios terapéuticos fraudulentos que pretenden corregir algo natural como la homosexualidad o transexualidad y que, en la búsqueda de ello, someten a personas a torturas que están prohibidas por las Naciones Unidas.

Por esta razón, así como por las recientes declaraciones de políticos en canales de televisión contra personas LGBTI y por denuncias recibidas en la FPV que daban cuenta de intrusos aplicando estas falsas terapias, la Federación cerró filas y rechazó categóricamente este hecho, a la vez que llamó a la población a denunciar estas prácticas.

Astorga subraya que las denuncias recibidas en su despacho no incluyen a ningún psicólogo titulado como tal sino a falsos terapeutas, algunos de los cuales fueron detenidos en los últimos meses por los cuerpos de seguridad, gracias a un trabajo conjunto entre la federación y las autoridades.

«El gremio venezolano en general tiene un altísimo nivel y tiene una altísima comprensión», celebra la psicóloga que ve en la declaración de la FPV una contribución a la psicoeducación y, especialmente, a personas «que se sienten desesperanzadas» al creer, erróneamente, que tienen una enfermedad.

Una ganancia

La postura clara y firme de los psicólogos «es una ganancia» para el colectivo LGBTI, o así lo considera Daniel Picado, director de la organización País Plural, que promueve los derechos de esta población y trabaja en varios frentes para reducir la discriminación.

«Hay personas LGBTIQ+ que, por culpa de estas terapias de conversión, por culpa de la discriminación, sufren de trastornos a su salud mental como el estrés, la ansiedad, la depresión, e inclusive la ideación suicida», dice a Efe el activista que ve en la FPV «un aliado más».

Insiste en que existe una «discriminación estructural» contra las personas LGBTI, que son «incomprendidas en todos los espacios», pero también «invisibilizadas y desprotegidas», por lo que espera que, a raíz del pronunciamiento gremial, «los profesionales de la salud mental no se presten para ejecutar» estas «torturas».

Y, continúa Picado, al ser la tortura un delito que no prescribe, las organizaciones de derechos humanos y la FPV están llamadas a recibir las denuncias de todas las personas que fueron sometidas a estos procedimientos, en ocasiones con descargas eléctricas para inhibir instintos naturales, para buscar justicia.

«Creo que el Estado debería reaccionar a este comunicado entendiendo que las terapias de conversión están sucediendo, que los grupos religiosos verdaderamente llevan estas prácticas en el oscurantismo, de que sí suceden y que es importante entonces que se tomen acciones en contra de eso», añade. EFE