Brutalidad dictatorial contra la iglesia
La situación en Nicaragua es cada vez peor para todos los sectores de la sociedad. El régimen dictatorial de Daniel Ortega y de su cónyuge Rosario Murillo no sólo se ha encargado de perseguir y reprimir a organizaciones de sociedad civil, universidades, partidos y líderes opositores, empresarios sino también a comunidades religiosas y de fe, como la Iglesia Católica.
Durante los últimos días, el gobierno nicaragüense ha utilizado la Policía y a otras autoridades, para violar sistemáticamente los derechos humanos de miembros del clero católico, así como sus instalaciones. La primera semana de agosto, ordenó el cierre de al menos seis emisoras católicas, el allanamiento ilegal de varias diócesis a lo largo del país, el arresto de dos sacerdotes, y el del obispo de Matagalpa Rolando José Álvarez Lagos, el pasado 5 de agosto.
El régimen dictatorial de Ortega ha decidido reprimir a todos los miembros de la Iglesia Católica, que durante el año 2018 fueron parte mediadora, en los diálogos nacionales para encontrar una salida pacífica, a la crisis que vivía el país en ese año. Los ha tildado de “golpistas” y “terroristas”, lo cual constituye una clara violación de sus libertades y derechos humanos.
Por lo anteriormente señalado, desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, exigen al gobierno de Daniel Ortega respetar los derechos humanos y las libertades, entre esas la religiosa, de creencias y espiritualidades que se han visto vulneradas en los últimos meses.
También exhortan a la comunidad internacional, entre esas al Vaticano, a rechazar tajantemente la violencia política y religiosa, que el régimen de Ortega ha desplegado en Nicaragua.
Solicitan de igual manera a los organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos, aplicar todas las medidas y encender todas las alertas posibles, sobre lo que está pasando en Nicaragua.
Por último, invitan a todas las organizaciones de la sociedad civil y comunidades religiosas y con base en fe del continente, a solidarizarse con la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que vive Nicaragua.
No hay duda alguna que Nicaragua enfrenta una dictadura constitucional, que denota la forma de gobierno dictatorial en la que el poder se concentra de manera autoritaria o totalitaria, en manos de un dictador que controla directa o indirectamente, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por lo que no se asienta el principio de separación de poderes, requisito indispensable según Montesquieu y la corriente politológica mayoritaria para que la forma de gobierno, se configure como Estado de Derecho; junto con el requisito de la consagración constitucional de los derechos fundamentales.
El mecanismo mediante el cual se mantiene el aparente respeto a los principios del Estado de Derecho, a través de la fachada constitucional, se denomina fraude constitucional, al que se debe tener mucho cuidado con esta concepción, ya que muchos políticos lo usan con motivos de desprestigio y falsa acusación.
Una «Dictadura constitucional» como la de Ortega, es la forma de gobierno en la que los marcos constitucional y legal de un país, establecen que el jefe de Estado de este, sea un «dictador», a través de mecanismos de gobierno que permitan el control por parte de este, hacia los demás poderes del estado y permitan su reelección indefinida, lo que en este tipo de régimen, suele dotársele al dictador de un poder absoluto dentro del Estado y la administración pública.
En el caso venezolano la resistencia del vapuleado gobierno de Maduro ha desconcertado a la comunidad internacional, a académicos, analistas y periodistas de todo el mundo. La incapacidad de comprender la resiliencia de un régimen autoritario, demuestra que políticamente ingenuos se han vuelto miembros de las llamadas democracias liberales.
Cuando en las reuniones con los encargados de elaborar políticas en Washington, o con los financieros en Nueva York se plantea la posibilidad de que Maduro pueda desafiar las expectativas y aferrarse al poder durante mucho más tiempo, casi siempre provoca enfado o escepticismo, lo refiere Raúl Gallegos, asesor de riesgos políticos y autor de «Crude Nation: How Oil Riches Ruined Venezuela«, quien puntualiza que en las democracias con instituciones que funcionan correctamente y sociedades civiles sólidas, una realidad que no encaja en esos parámetros, se vuelve inconcebible.
Subraya Gallegos que los dictadores cortos de efectivo caerán pronto, porque ya no pueden comprar la lealtad de las personas. «Sin embargo, no logramos comprender que cuando el dinero escasea, los regímenes sin principios como los de Corea del Norte, Cuba, Nicaragua y Venezuela, recurren al miedo y al terror —hasta el punto de encarcelar o asesinar a disidentes y a sus familias— para imponer obediencia.
Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP-122)
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