Ganó Petro pero, ¿estará asegurada la democracia?

Las elecciones presidenciales en Colombia dieron como resultado la victoria de Gustavo Petro. Los desafíos serán grandes para el nuevo mandatario porque están en juego gobernabilidad, por un lado, y gobernanza, por el otro.

La gobernabilidad significa la capacidad de un sistema político, a través del Estado o del gobierno, de responder a las demandas sociales de una manera eficaz y legítima. La gobernanza apunta, en cambio, a cómo se gobierna, a las reglas de juego establecidas que aseguran un consenso entre actores estratégicos y población, así como la necesaria estabilidad para que las demandas sociales sean respondidas o satisfechas con transparencia y eficiencia.

Se contrapusieron dos modelos de democracia y de gestión pública en el ejercicio del poder con las propuestas de Hernández y Petro. La confrontación más significativa fue el dilema al cual se enfrentaron los electores entre dos modos de entender la democracia y dos formas de ejercer el poder. El cambio se impuso, más allá de una concepción liberal de la democracia con inclusión social que a la vez iba a combatir el personalismo y la estructura clientelar en la participación política, que han sido vicios reiterados y la mayor amenaza contra instituciones y valores democráticos. Con tal de romper con las élites tradicionales de la política, en el imaginario colectivo pasó a segundo plano la corrupción que carcome todo esfuerzo institucional de cambio social.

La necesidad de un gobierno para los “nadie”, como llama la vicepresidenta electa Francia Márquez a los sectores excluidos u olvidados cuya dignificación es prioritaria, puede favorecer una visión personalista, una concepción estatista y dirigista de la democracia, a fin de asegurar las reivindicaciones sociales, que en el camino tienda a favorecer una visión mesiánica y caudillista, con la confluencia de actores muy heterogéneos. El reto del nuevo gobierno es incluir a los más diversos, también a los grupos alzados contra el Estado, y a la vez no excluir a los sectores considerados “anti-pueblo” u oligárquicos que, en la teoría clásica de los populismos latinoamericanos, quedan fuera de la coalición. En las circunstancias de Colombia se requieren sus recursos para financiar las reivindicaciones y la satisfacción de los derechos de los ciudadanos.

Con Petro hemos visto que se han juntado, desde los nostálgicos de la redención social de los dogmas del socialismo histórico autoritario o “socialismo real” de cuño estalinista, o los idealistas románticos de la justicia social, sin aclarar cómo financiar de modo realista las correspondientes políticas públicas, o los empresarios que buscan un reajuste favorable dentro de los nuevos escenarios de poder, o altruistas sistemáticos junto con los sectores más vulnerables y con menores recursos de la sociedad, muchos de ellos motivados por el resentimiento o el rencor social para justificar su elección, hasta grupos criminales provenientes de las Farc o el ELN, o integrantes de carteles narcotraficantes como los del “Clan del Golfo”.

Pero también aparecen integrados al mandatario electo personas de la clase política más corrupta o utilitaria, como los asesores de estrategias de comunicación y ataque contra los contendores, cuyas conductas -ha quedado claro- tienen implicaciones penales. Así lo ha visto la opinión pública, asombrada por la bajeza y ruindad de los intentos de destrucción del adversario, marcados por la anomia moral del “vale todo”, en los videos filtrados desde el propio entorno de Petro y recibidos anónimamente por los medios de comunicación social.

La coalición petrista responde a pactos y adhesiones acomodaticias de carácter utilitario, a la manera de las alianzas populistas que han tenido lugar en los países de América Latina donde irrumpieron estos movimientos de ruptura del statu quo en el siglo XX, sea como movilización de sectores antes excluidos, sea como reacomodo de las élites tradicionales.

La reacción de Hernández después de las elecciones ha sorprendido por su declaración de no hacer oposición cuando, en verdad, hace falta poner límites al poder de los nuevos gobernantes electos y en especial, mantener los dos propósitos prioritarios de su campaña: acabar con la corrupción y componendas de los grupos de poder o de los partidos políticos a los que llamó “politiqueros” y contribuir con sus ideas y las líneas de acción trazadas por su vicepresidenta para erradicar la pobreza con políticas sociales de apoyo a las actividades económicas más deprimidas como el sector productivo agropecuario o las pequeñas y medianas empresas, golpeadas por el impacto de la pandemia de Covid 19.

Con el presidente electo coinciden Hernández y Castillo, quienes tienen aseguradas por ley sus curules como senador, él, y representante, ella, para empujar entre los sectores más vulnerables la superación y ascenso social mediante programas educativos de muy alta calidad. El que la diferencia de votos entre los dos candidatos de la segunda vuelta haya sido de seiscientos mil votos aproximadamente, muestra un país dividido en dos mitades y plantea el riesgo de ingobernabilidad entre los opositores al desarrollo del proyecto de país que Petro busca impulsar.

Esperemos que sean preservadas la democracia y las libertades ciudadanas con equidad. Y se mantenga como apuesta, con el mandatario nacional electo, un mejor futuro para el país.

Ante un país martirizado por altos índices de desigualdad y pobreza y por una violencia persistente de parte de grupos irregulares, hay un riesgo imprevisible, ya sea porque se produzca un retroceso a causa de la demagogia populista en relación con los logros alcanzados desde la instauración de un Estado social de derecho con la Constitución de 1991, ya sea porque se incite una permanente subversión de los que intentan destruir las instituciones vigentes, de los adversarios de la lucha contra la corrupción o de quienes hasta ahora han formado parte de grupos fuera de la ley.