El globalismo contra el Estado Nacional

Aunque no puede hablarse de una guerra abierta y declarada del globalismo contra el Estado Nacional, ya pueden observarse los choques que a lo largo y ancho del planeta se desencadenan entre quienes promueven políticas globales que reducen las soberanías de los estados nacionales y quienes hacen un esfuerzo desesperado por defenderlas.

Un ejemplo que seguimos la semana pasada fue la batalla que se libró en el Congreso colombiano por ratificar o rechazar el llamado “Acuerdo de Escazú”, un tratado que se propone “Proteger a los defensores del medio ambiente y garantizar el acceso a la información, participación y justicia ambiental” que fue discutido y aceptado en 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, y dos años después ratificado, en 2021,  por 11 países para entrar en vigencia.

Y que no hubiera encontrado resistencia en ninguno de los partidos de la oposición neogranadina sino fuera porque “Escazú” declara al “medio ambiente” como un “derecho humano”, lo cual remite todas las controversias que puedan surgir entre el Estado, los particulares y los ambientalistas a los organismos multilaterales como las Comisiones de Defensa de los DDHH de la ONU y de la OEA, y esto, por supuesto, supone ceder soberanía sobre un tema o situación que es intrínseca y totamente colombiano.

“Todo lo que propone “Escazú” está en el derecho colombiano” decía el miércoles en el congreso la senadora del “Centro Democrático”, María Fernanda Cabal. “El derecho a la información, el derecho a la participación y el derecho a la justicia por delitos ambientales, ya están en la Constitución y en leyes específicas colombianas y sentencias de la Corte Constitucional cuando hubo que instruir y penalizar casos. De modo que, lo que estamos viendo es la primera intromisión del globalismo en la soberanía nacional”.

Sin embargo, tenemos que admitir que no todos los choques y batallas entre el “globalismo y el Estado Nacional” ocurren en espacios amplios y abiertos como el Congreso colombiano, sino que algunos -yo diría la mayoría- suceden en escenarios clandestinos, ocultos, vedados a la información y a la opinión pública, que, desde luego, favorecen con recursos y oportunidades a quienes auspician la llamada “agenda global”, la Agenda 30-30 y el Nuevo Orden.

Un caso inexcusable de no citar es el del “Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular”, aprobado bajo el auspicio de la ONU, el 2 de diciembre del 2018, en Marrakech, Marruecos y cuyo propósito es “mejorar la gobernanza migratoria, que pone a los migrantes y sus derechos humanos en el centro y ofrece una importante oportunidad para reforzar los Derechos Humanos  de todos los migrantes, independientemente de su status”.

Pero que resultó un hueso duro de roer para la mayoría de países altamente poblados y desarrollados, como EEUU, China, Rusia, Japón, Brasil, Australia, Polonia y Austria, los cuales alegaron que el “Pacto” significaba, claramente, un pérdida de soberanía, pues violaba fronteras y le imponía a los países pobres -que no disponían de recursos-  endeudarse con agencias multilaterales que, lógicamente, entre sus cobros, le anotaban más y más pérdida de soberanía.

Otro señalamiento que expusieron los países que no se adhirieron al “Pacto” (y que obligó a la ONU a declarar que “no era vinculante”) es que las “migraciones” no siempre ocurren por razones humanitarias (desempleo, hambrunas, falta de protección social y servicios públicos) sino que, desde antiguo, se han usado por “razones políticas”, y en nuestro tiempo, los dictadores socialistas y fundamentalistas las implementan para subvertir países enemigos, como en su tiempo lo hizo Gadaffi, y en los nuestros Nicolás Maduro de Venezuela y Bashar al-Asad de Siria.

Pero ningún rechazo, fuerzas y protestas que hayan detenido a las “migraciones” globalistas, pues no han faltado recursos para estimularlas, organizarlas y financiarlas, como se ha visto en el caso de las caravanas que se organizan desde Centro y Suramérica para cruzar las fronteras de Estados Unidos y las que, desde el Oriente Medio, y el África subsahariana, se articulan para invadir a Europa.

En el primer caso, se cree que más de dos millones de sudamericanos se han establecido ilegalmente en Estados Unidos desde que empezó la Administración Biden y en el segundo, los números han dejado de contarse pero se piensa que alcancen los tres millones anuales.

Inmigración ilegal, monitoreada y controlada que contiene también subversión con incremento del narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de órganos, que cuenta igualmente con el “Crimen Internacional Organizado” que se filtra en cualquier acción humana y  esconde fines políticos tras presuntas intenciones humanitarias.

Pero lo más grave es que todos estos “Pactos”, “Acuerdos” o “Tratados” salen del seno de la  ONU, de la propia “Organización de Naciones Unidas”, la cual, a través de las incontables ONG que controla, o la controlan, desata desde hace algunos años iniciativas que no cuentan con el apoyo de los países miembros y justamente solo las conocen cuando tienen que firmar.

Son la expresión de una nueva era o tendencia surgida en el mundo, y cuya característica fundamental, es que la ONU ya no es financiada ni controlada por los países miembros, sino por ONG que se le adhieren y le aportan cuantiosísimos recursos aportados por fondos, empresas transnacionales y fundaciones que en su desempeño económico obtienen beneficios que superan de manera escandalosa a los de los estados nacionales.

En una evaluación realizada por empleados de la ONU que trataron de explicarse este fenómeno, se encontraron con que el presupuesto paralelo de la ONU, el no formal, el que no depende de los estados nacionales, supera al primero, al oficial, en 4000 por ciento.

Son los aportes que llegan, vía las ONG, de fondos de administración de activos  como Blackrock y Vanguard (controlan el 85 por ciento de los medios de comunicación internacionales), de la Fundación Rockfeller, la Fundación “Open Society” de George Soros, la Fundación de Bill y Melina Gates, el Grupo Bilderberg, las grandes empresas tecnológicas (Facebook, Google, Appel, Youtube), grupos financieros como la Familia Rothschild y las grandes farmacéuticas (Pfizer, Johnson and Johnson, Novartis, Merk y Bristol Myers).

Si hacemos memoria y traemos a estas líneas las políticas que se implementaron para  enfrentar la pandemia del Covid, y cómo la opinión de Bill Gates, a través de la OMS, fue decisiva para fabricar las vacunas y distribuirlas mundialmente, caemos en cuenta quiénes y cómo tratan de controlar el mundo y conducirlo a una cosmovisión contraria a la democracia y los estados nacionales.

¿Cómo sería el mundo futuro entonces, el del movimiento que ya se conoce como “globalismo” -que no tiene nada que ver con la “Globalización” que es un tendencia espontanea para unir economías y mercados- pero tienen propuestas y objetivos contrarios a los que controlaron al planeta hasta la Caída del Muro de Berlín y la aparición de Internet?

Pues un mundo sin fronteras, de un gobierno único que podría ser la ONU, o una organización religiosa y laica como el Vaticano, que no reconocería más las naciones ni los estados y se movería mundialmente en un planeta sin prohibiciones para una humanidad única.

Es bueno establecer que el globalismo no es de izquierda ni de derecha, ni socialista ni capitalista, sino un híbrido que puede unir todas estas tendencias si el objetivo fundamental es unir al mundo en un solo modo de vivir.

Si anotamos que los globalistas financiaron y organizaron las revueltas chilenas que destruyeron al modelo de democracia liberal para sustituirla por el despotismo suave de Boric, pero en Colombia apoyaron la presidencia de Duque marcadamente democrática y liberal, mientras financiaron al proyecto de Petro que está contra el pasado político que llaman de derecha, mientras no le pone nombre al futuro económico, reconocemos el mundo híbrido y ambiguo que traen los globalistas, pero eso si: sin fronteras y un gobierno universal.